Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
noviembre 16/2007

Actuar de verdad

Pasaron las lluvias, al menos por el momento, con lo que es muy probable que el sentido de emergencia que se tuvo en los días más difíciles, caracterizados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, comience gradualmente a perderse. Al menos esa fue la experiencia de hace tres años. Se hicieron muchos foros, se plantearon muchas soluciones, se citaron numerosos estudios durante los meses subsiguientes a aquellas inundaciones sin que se materializaran soluciones concretas de gran aliento. A lo mucho que se llegó fue a paliativos temporales que no atacaron el problema de fondo.

Creo que el punto de partida es tener la decisión de intervenir radicalmente en La Popa. Es decir, comenzar por diferenciar dos procesos: uno, el primero, es el de invertir en lo que constituye una emergencia social clara. En otras palabras, utilizar los 1.500 millones de pesos que ofrece el Gobierno nacional para aquellas situaciones de riesgo, como las Lomas de Marión, la base del mismo santuario, los canales, los desagües, en fin, en lo que es necesario para impedir una tragedia mayor.

Y el otro, en el que debería comenzarse a trabajar de inmediato, de más largo plazo, es el de las soluciones definitivas. Todos estamos de acuerdo en que se requiere de planes integrales, que no basta invertir en obras de infraestructura, así estas constituyan empresas ambiciosas de ingeniería moderna. Hay que actuar con la convicción de que el problema de La Popa no es simplemente un asunto de topografía, y que es, más que eso, una delicadísima situación de orden social.

En la parte alta de La Popa, la que fue calificada como de riesgo alto y situada años atrás de la cota 25 hacía arriba, viven, en un cálculo conservador, cerca de 30 mil personas, y, según otras percepciones, unas 40 mil. Hay allí unas 6.000 viviendas que, de acuerdo a diagnósticos recientes de organizaciones comunitarias, podrían clasificarse en 2.000 viviendas de alto riesgo, 2.000 de riesgo mitigable y 1.000 en buenas condiciones. Habría que proceder, quizás, a reubicar las primeras 2.000, y a eliminar las condiciones menores de posibles riesgos de las restantes 3.000, cuyos dueños continuarían habitándolas.

Ahora bien, para lograr este resultado, además de un mejoramiento general de las condiciones de vida de las gentes de La Popa, se necesita de algo más que de buenas intenciones. En primer lugar, que el Estado haga finalmente presencia en la zona, de manera decidida y coherente. No por medio de pañitos de agua tibia ocasionales. Además, como dije antes, no bastan las obras de ingeniería, es imprescindible trabajar con las comunidades asentadas allí. Hay que hacer una inversión fuerte en salud, en educación y en cultura, principalmente.

Mucho del desastre de La Popa tiene que ver conque hasta el día de hoy ha habido falta de comprensión y desidia de las administraciones locales para armar un buen plan de intervención en el área. Comprender, sobre todo, que sin la participación activa de las comunidades es imposible lograr algo duradero y de calidad en el proceso de transformar las condiciones peligrosas de vida a las que están sometidas.

Pensar en erradicarlos a todos es la peor de las soluciones y la única que en mi opinión debe descartarse de entrada. Es muy buena, por el contrario, la idea de crear una corporación que se ocupe de La Popa, siempre que participen en ella, además de las instituciones competentes de orden nacional y del gobierno local, que nunca debe declinar su responsabilidad, las comunidades que la habitan, involucradas de manera enérgica y decisiva en todo el trabajo integral de recuperación. Sin su participación creativa y su vigilancia iremos nuevamente al fracaso.