Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
enero 26/2007

La violencia en Cartagena

Cuando llegué a Kingston, Jamaica, en el verano de 1999, las calles todavía tenían las huellas del levantamiento popular del mes de abril. Los negros pobres habían salido de sus barrios miserables, desesperados por el alza de los combustibles, y se habían ido a la zona del centro a depositar su rabia contra los buses y los edificios. Era la otra cara del Caribe. No la que se vende a los turistas, sino la que resume toda su realidad brutal de pobreza y violencia. Con los días aprendí que mientras se comerciaba la imagen del paraíso caribeño, encarnado en la belleza sin par de sus playas en las costas solitarias y sus hoteles protegidos por numerosos guardianes, los kingstonianos se encontraban atrapados en una pavorosa historia de mafias de barrios, drogas y asesinatos en serie.

Siempre he creído que Kingston bien podría ser una anticipación de Cartagena, una mala premonición. Sobre todo si los cartageneros siguen ignorando lo que algunos amigos míos llaman la "bomba social" que parece tomar forma en la otra ciudad, la de los barrios pobres. Lo he dicho no ahora, que hasta las autoridades se han visto obligadas a expresar su honda preocupación por el crecimiento desproporcionado de los índices de violencia en Cartagena. Lo vengo diciendo desde meses atrás, advirtiendo de cómo la ciudad se deteriora inexorablemente, dejada de la mano de Dios.

Según la Fundación Seguridad y Democracia en el último año los homicidios en Cartagena crecieron un 25 por ciento, más aceleradamente que en Bogotá, Medellín y Barranquilla. En efecto, tuvo el más alto crecimiento del país. Hoy hay menos crímenes, en proporción al número de habitantes, en Bogotá que en Cartagena.

Hace apenas un par de años nadie hubiera imaginado que esto era posible, y sin embargo lo es, y amenaza ser peor si quienes dirigen la ciudad no entienden que más allá de organizar espectáculos, algunos de ellos por cierto maravillosos y ejemplares, que más allá del narcisismo infantil de sentirse al mando de la ciudad más bella del país, es necesario construir colectivamente un proyecto para su desarrollo integral y planear con toda seriedad su futuro.

La violencia no es sólo un asunto de policía, como bien lo saben los bogotanos, que han logrado el milagro de reducirla sustancialmente durante las últimas cuatro administraciones. Está también su comportamiento en directa relación con la proporción de la inversión social. Y por supuesto, con la transparencia en el manejo de los dineros públicos, de modo que una nueva moral colectiva haga posible concentrar todo los esfuerzos en elevar y dignificar la condición de vida de los más humildes. Sin romper el círculo de la miseria degradante, contaminada hoy con mafias, drogas y asesinatos, es imposible superar la violencia.

Necesitamos por eso una clase dirigente que concentre sus esfuerzos en generar trabajo, que apoye con entusiasmo todo desarrollo de la industria local, que invierta a fondo en la educación y el progreso cultural de su gente, y que claro le brinde protección adecuada a los cartageneros que viven fuera del circuito turístico. Nada de lo anterior será posible si no invocamos como primer artículo del credo sagrado de la administración pública el manejo honrado, absolutamente honrado, del presupuesto de la ciudad.

Si queremos seguridad, necesitamos inversión social, y si queremos inversión social tenemos que propugnar por el ideal de cero corrupción y cero despilfarro de nuestros magros recursos. Necesitamos, por supuesto, un mayor número de policías, pero esto sólo no basta.

Nota aparte: Mi profunda solidaridad con La Ciudad de las Mujeres y mi indignada protesta contra lo que parece ser un crimen más contra ellas.