Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
septiembre 21/2007

Una soberanía de caricatura

El resultado del juicio seguido a la Chiquita Brands Internacional, heredera de la United Fruit Company, por pagar 1,7 millones de dólares a los paras colombianos a lo largo de 6 años ha causado indignación en círculos amplios de la opinión pública colombiana. En resumen, la compañía pagará por concepto de multa a la justicia norteamericana la suma de 25 millones de dólares, quedará durante cinco años en “prueba” y tendrá que establecer una comisión ética que les deberá enseñar a sus empleados que es un crimen pagar a grupos terroristas.

¿Qué es lo indignante y, yo me atrevería a agregar, profundamente humillante en el acuerdo entre la transnacional y el Departamento de Justicia norteamericano? En primer lugar que la multa es tan leve, para un delito de esta naturaleza, que, como bien informan los medios de comunicación, a la empresa McLaren le impusieron una multa de 100 millones de dólares por un simple espionaje en el campeonato de Fórmula 1. Los 25 millones que tendrá que pagar Chiquita Brands son apenas una cuarta parte de lo que en justicia debió exigir el gobierno norteamericano.

En segundo lugar, ninguno de los ejecutivos que autorizaron en suelo colombiano el pago mensual a los terroristas que asesinaban y masacraban a campesinos y trabajadores del área ha sido llamado a juicio y ni siquiera se ha permitido que sus nombres sean revelados.

En tercer lugar, si uno no conociera el sentido puritano de la justicia estadounidense podría pensarse que es una burla malévola esto de crear una comisión ética para enseñarles a sus empleados que es un crimen pagar a los grupos terroristas.

Varias preguntas y algunas reflexiones produce este acuerdo, ciertamente escandaloso: Primera pregunta: ¿Cómo es esto que en el país que ha desatado una guerra pavorosa en el Medio Oriente para castigar a los terroristas es necesario que sus ejecutivos “aprendan” que venir a Colombia a financiar criminales es un delito?

Segunda pregunta, ¿ante la ausencia de castigo alguno a los ejecutivos norteamericanos que se reunieron con los paramilitares, negociaron y pagaron durante seis años la suma enorme de casi dos millones de dólares, procederá el gobierno colombiano a solicitar su extradición, para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro territorio? Sobre todo, teniendo en cuenta que el mismo juez Royce Lamberth expresó su incomodidad ante el hecho de que no fueran procesados y, más aún, que Jonathan Malis, representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dijo que: "Lo que hizo Chiquita fue moralmente repugnante. Mes tras mes, año tras año, pagaron a terroristas que con estos fondos pagaron las balas que mataron a colombianos inocentes."

Tercera pregunta, ¿es acaso coherente que a un parlamentario colombiano se le ponga preso por asistir a una reunión con paramilitares, mientras a los ejecutivos y mandos medios de la Chiquita Brands, que no sólo se reunieron sino que financiaron a los paras, no se les llame a juicio en Colombia, pese a que hemos enviado cerca de 300 colombianos para ser juzgados en los Estados Unidos, en lo que va de este gobierno?

Reflexión única: Hace ratos dejamos de ser una república soberana, quizás lo fuimos en algunos momentos del siglo XIX, y hoy lo somos menos que nunca. Nuestros gobernantes son como grandes tigres cuando se trata de lidiar con los colombianos humildes; pero ciervos pequeños, mansos e huidizos cuando tienen que enfrentarse a las grandes transnacionales y sus gobiernos imperiales.