Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
julio 06/2007

Marchemos contra el secuestro

Hubo años en que nadie podía sentirse seguro en el territorio colombiano, ni siquiera encerrado en su casa. Todo dependía de la veleidad de los secuestradores y de la buena o mala suerte de cada uno de quienes habitamos este país extenso y fragmentado. Recuerdo en particular dos casos, que hablan de cuan cotidiano terminó siendo esta práctica atroz del secuestro: el de una señora de un pueblo de Córdoba y el de un maestro de escuela de Barranquilla. La primera fue secuestrada y devuelta a su casa después de pagar su familia un millonario rescate. Enferma y de edad muy avanzada, fue secuestrada de nuevo, con el argumento de parte de sus secuestradores de que lo que había pagado en el primer plagio le había servido de seguro durante los tres años transcurridos, pero que ahora tenía que pagar de nuevo; muy "compresivos", le ofrecieron a sus hijos la posibilidad de dejarla en casa y de cancelar el rescate en cuotas mensuales y con los intereses correspondientes.

El segundo, un maestro humilde, se dirigía, con su esposa y un bebé de meses, de Barranquilla a Riohacha en un bus de flota. Como la cosa más normal del mundo los secuestradores detuvieron el bus, se quedaron, entre otros, con su esposa e hija y lo enviaron de vuelta a Barranquilla a que consiguiera 5 millones de pesos para pagar su liberación. Si mal no recuerdo el gobernador de la época tuvo que organizar una recolecta para que el pobre hombre pudiera pagar el dinero exigido.

Como los anteriores, podría contar cientos o quizás miles de casos de toda índole que no aparecen registrados en la de por sí enorme cantidad de 24.000 secuestrados en la última década, reseñada por un periódico capitalino junto con otras estadísticas espantosas. De ese gran total, 2.700 han sido niños y niñas, y en el sólo año 2000, como una señal de las desventuras que los colombianos viviríamos en el nuevo siglo, los grupos criminales de guerrillas y paramilitares secuestraron la insólita cifra de 3.211 personas, es decir casi que diez personas cada 24 horas. Y hoy, todavía hoy, pese a que el número de secuestros ha descendido, se encuentran 3.143 ciudadanos en poder de las Farc, del Eln y de los paramilitares.

Habría que escribir un nuevo libro sobre la historia de la infamia para poder contar en detalle los infinitos matices del horror diario que padecen los secuestrados. De las muchas crónicas y relatos de sus experiencias sabemos que algunos son enterrados en bunkers subterráneos, y sólo ven la luz del sol una hora diaria, otros son arrojados en campos de concentración, a algunos se les ata con cadenas en el cuello y a muchos les toca dormir en el suelo. No hay la menor consideración a su condición: secuestran obispos, empresarios, políticos, policías, campesinos, y maestros de escuela. Pero lo que es peor, ancianos, mujeres y niños, sometidos a iguales condiciones de cautiverio o asesinados sin misericordia.

En contra de este crimen sistemático contra los colombianos, que dura ya décadas, y no sólo en repudio del último asesinato contra los diputados del Valle, debemos marchar mañana. A los grupos criminales, paras y guerrillas, debemos decirles ¡Basta! Debemos mostrarles hasta dónde los ciudadanos, los hombres y mujeres de esta nación, rechazamos esta práctica horrenda, y exigirles que, de una vez por todas, liberen a los secuestrados. La paz, ni algo bueno, puede ser edificado sobre el terror y el indescriptible sufrimiento de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, y en particular de niños y niñas, atrapados en la selva, condenados a vivir como animales, y a padecer el miedo que no le desearíamos ni a nuestro peor enemigo.