Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
junio 01/2007

Las transferencias y la educación

El drama detrás del acto legislativo que cursa en el Congreso de la República para reformar el monto de las transferencias de la Nación a las regiones es de grandes proporciones hacía el futuro, y nada de lo que se diga puede ocultar sus consecuencias negativas para el país, para una región como el Caribe colombiano, y, en particular, para una ciudad como Cartagena. Los maestros han salido a protestar, y al hacerlo han expuesto por escrito las razones por las que consideran que habrá un profundo retroceso en el sistema de financiación de la educación pública. Entre otros argumentos han echado mano de los estudios del mismo Ministerio de Hacienda, de la Contraloría General de la República y de otras prestigiosas instituciones para concluir que del 2008 al 2016 la educación y la salud perderán por la reducción en las transferencias cerca de 49 billones de pesos. En el caso de Cartagena se calcula que habrá una pérdida de 826 mil millones de pesos.

Por su parte, el Presidente de la República ha afirmado insistentemente que no se dejará de invertir un solo peso de los que se tienen previstos en la ley de transferencias, y que todo lo contrario, se invertirá aún más. Es imposible, sin embargo, garantizar con absoluta seguridad que en los próximos 8 años, no habiendo ya el mandato constitucional de transferir el 33% del presupuesto nacional a las regiones, sino una proporción menor hasta llegar al 27%, el monto total de hoy se seguirá invirtiendo en educación y salud en las regiones. A no ser que el señor Uribe esté seguro de que él seguirá siendo presidente hasta el 2016, no veo cómo puede afirmar que no se producirá la reducción que él mismo está facilitando con esta reforma. Qué se invierta o no la proporción del presupuesto nacional que rige hoy en educación y salud dependerá de su sola voluntad y quizás de su capricho a la hora de definir dónde y cómo se invierten los dineros.

Ahora bien, como no se trata de predecir el futuro, tienen los maestros toda la razón en pensar que al recortar la reforma propuesta el monto de las transferencias, los dineros para la educación y la salud se reducirán de manera considerable, o quedarán, en el mejor de los casos, condicionados a la voluntad del gobernante de turno. Y esta situación para una ciudad como Cartagena es simple y llanamente una catástrofe.

Y lo es por lo siguiente: el alcalde de Bogotá pone un peso de sus propios recursos por cada peso que le transfiere la nación; el alcalde de Medellín pone 80 centavos; y el de Cartagena no pone ni siquiera un centavo. Es decir que ante cualquier reducción, ciudades como Bogotá y Medellín pueden con sus propios recursos seguir garantizando niveles altos de educación pública, pero en Cartagena la bastante mediocre condición de la educación pública, elemental y secundaria, se sostiene casi exclusivamente con los dineros que le transfiere la Nación. De modo que si hoy el espectáculo es desolador, con los niños recibiendo clases en el suelo por falta de sillas, ustedes pueden imaginarse lo que será en los próximos años cuando se comience a reducir el por ciento de las transferencias. Dependeremos de las veleidades del Gobierno nacional.

No les falta razón a los maestros para protestar, pero no deja de ser terrible ver a los niños, además de todas las precariedades de sus escuelas, ahora sin clases. Ojalá el Gobierno nacional y los maestros alcancen pronto un punto de acuerdo y los colegios se abran de nuevo a la enseñanza.