Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
diciembre 15/2006

Burla, burlando

Hace apenas unas semanas en el Congreso de la República tuvo lugar un debate sobre las reglas de la contratación oficial. El consenso general era que en los contratos del gobierno tiene origen una de las prácticas más perversas de la corrupción pública en Colombia. Negociar con el Estado ha sido por décadas la fuente principal de riquezas mal habidas, junto con el negocio del narcotráfico.

En estos días que corren la contratación pública ha estado, otra vez, bajo el escrutinio de la opinión pública, ahora en relación con las actividades de los grupos paramilitares en las provincias de la costa caribe colombiana. Entre otras cosas, se ha comentado con insistencia como en ciertas regiones los dineros destinados a la salud y a la educación de los más pobres terminaron en las arcas de algunos de estos grupos. Vale aquí, sin embargo, la aclaración de que sería injusto culpar del ejercicio de estas prácticas corruptas solamente a miembros del paramilitarismo. Más de un distinguido político y más de un notable empresario se han enriquecido, desde mucho antes de que existiera el paramilitarismo, traficando con los dineros del Estado.

Tan de dominio público se volvió la corrupción de los contratos oficiales que el pueblo, con su extraordinario ingenio, comenzó a inventar chistes estupendos. Uno de ellos es el que paso a contar: se encuentran en Medellín un político paisa de renombre con uno muy importante de la costa caribe colombiana. El caribeño, extasiado ante las riquezas del primero, le pregunta que cómo ha logrado tanta abundancia y confort. El paisa se sonríe pícaramente y le muestra desde el balcón de su casa una gran carretera recién construida. Esa carretera, la escuela que está al lado y el puente en la parte de atrás -le dice- se hicieron mediante contratos conseguidos por mí. ¡En cada uno de ellos me gané el 30 por ciento!

El costeño escucha maravillado. Año y medio después se vuelven a encontrar estos personajes en Barranquilla. Al entrar al bellísimo apartamento del político costeño, el paisa se asombra ante tanto lujo, y le pregunta como ha logrado tantas riquezas en tan poco tiempo. Se echa a reír el costeño, lo lleva al balcón y le muestra a la distancia la bella panorámica del río. Y entonces le dice: mira, ese gran puente que ves allí, más la carretera que corre a su lado, se hicieron mediante contratos que conseguí yo.

El paisa mira y no ve nada. ¿Cuál puente? -pregunta- ¿Cuál carretera?. El costeño ríe de nuevo, y le responde: Ya ves mi hermano. ¡En esos contratos me gané el 100 por ciento!

Todos estos debates y chistes acuden ahora a mi memoria al leer la noticia de la reciente licitación mediante la cual se adjudicó por parte de la Alcaldía de Cartagena un contrato por más de mil millones de pesos a una empresa privada con domicilios en Magangué para conducir un proceso de capacitación y sensibilización de peatones y conductores con miras a civilizar el tráfico caótico de los cartageneros.

Por supuesto que no tengo elementos para afirmar que hay una intención dolosa en el contrato ni para dudar de la honradez de los contratantes. Pero, ¿cómo no ha de asombrarme la macondiana noticia de que para capacitar a los cartageneros en el manejo de las complejísimas dificultades del tráfico público se contrató por suma tan alta a una empresa cuya experiencia anterior ha tenido de escenarios a sitios como Soledad, Caucasia y Nechí? Es como si para ordenar el tráfico de Bogotá se hubiera contratado a una institución con experiencia en Girardot.

Y no quiero dejar de preguntarle a nuestra Secretaria de Educación como le parece el hecho de que se invierta en este sólo contrato el doble de lo que se invirtió por parte del distrito en todo el año en las escuelas públicas.