Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
diciembre 01/2006

Sabíamos que estaba sucediendo y algunos quisimos advertir sobre sus monstruosas consecuencias; sabíamos que se expandía día tras día con su cola de sangre y fuego y preferimos ignorarlo; sabíamos que había gente muy poderosa involucrada, que había empresarios, parlamentarios, jefes de gobierno, y, sin embargo, decidimos seguir hablando sólo de los jefes militares, los que actuaban al descubierto. Ahora ha estallado el escándalo, como una inmensa bola de candela que crece y crece sin que nadie pueda pararla ya, y nos produce horror, mucho horror, pero mentiríamos, seríamos muy hipócritas, si alegáramos ignorancia.

Lo nuevo es que comprobamos lo que todos sospechábamos y, claro, la realidad ha terminado por enseñarnos lo de siempre: que va más lejos que la imaginación. Ahora sabemos, por ejemplo, que no fue que los empresarios y políticos colaboraron con los paramilitares, sino que en muchos casos ellos crearon el ejército paramilitar para satisfacer sus propias ambiciones de dominio y de control del Estado. De una aparente respuesta a las barbaridades y desenfrenos de la guerrilla se pasó a la creación de un instrumento de poder basado en el uso incontrolado de la fuerza.

¿Qué pasará ahora? ¿Cómo digeriremos el alud de información diaria que involucra a más y más políticos en actividades criminales de todo orden? Habrá que armarse de paciencia, porque el escándalo apenas comienza y nadie puede asegurar cuales serán sus consecuencias en la política interna y en las relaciones internacionales. Por lo pronto, y en busca de una mayor claridad, quisiera destacar al menos un aspecto de la crisis, poco comentado, pero no por ello menos importante.

Me refiero al hecho protuberante de que tendremos que hacer un esfuerzo en el futuro para "descosteñizar" la información y el análisis de la actividad paramilitar. Tendremos que lograr que se abra paso la verdad elemental de que la historia del movimiento paramilitar no se agota en los sucesos de la Costa Caribe colombiana, y, más aún, que ni siquiera se inició en esta región ni respondió sólo a los intereses de un tipo de empresarios y de políticos costeños. No deja de ser explicable, por supuesto, que toda la atención esté centrada hoy en la Costa, por cuanto que las revelaciones recientes se originaron en esta región, y lo que investiga la Corte Suprema de Justicia está centrado en la acumulación de documentos y en las declaraciones de testigos del Caribe colombiano.

Pero es importante saber que el escándalo tiene sabor costeño no únicamente por lo anterior, sino por razones que sólo pueden ser encontradas en nuestra larga historia. Es incontrovertible que esta oleada de la actividad paramilitar surgió en el interior del país, hace ya varias décadas, y no en la Costa, como lo es también que se encuentra muy extendida en varios departamentos de la región andina, de modo que a su debido tiempo los colombianos deberemos reclamar nuestro derecho a conocer también sobre la actividad de los políticos y empresarios de esa zona de la nación.

¿Por qué entonces la imagen de la costa como ejemplificando el fenómeno paramilitar? Porque en esta región los paramilitares se tomaron el Estado de una manera más radical y profunda, precisamente porque históricamente este ha sido en el norte de Colombia, lo mismo que en los llanos y en las selvas, mucho más débil. Porque su ausencia ha sido más notoria en su incapacidad de prestar servicios a la comunidad y, de facilitar un proceso de modernización. En otras palabras, llenar el vacío de autoridad y de gobierno era aquí, de cierta manera, una necesidad, todavía urgente. Lo que produce espanto es saber cómo pretendieron hacerlo y hasta dónde llegaron en el intento.