Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
agosto 2/2006

Jugando con fuego

El domingo leí la entrevista concedida por el Doctor Wilman Herrera, gerente del hospital universitario, a este periódico, y me llamó la atención la seguridad con la que supone que la gobernación y el distrito le pagarán este año por venta de servicios la suma de 6.000 millones de pesos, cifra en la que él está basando en buena parte el sostenimiento de la institución. En particular, me pareció muy interesante su afirmación de que el alcalde ha anunciado que gestionará un crédito de 3.000 millones de pesos para entregárselos al hospital universitario. Curiosa declaración en momentos en que el director del Dadis ha afirmado, una y otra vez, que el distrito no tendrá a partir de septiembre un peso disponible en materia de salud, argumento con el que, además, se ha negado a cancelarle lo que le adeuda a la Clínica del Niño.

De lo anterior deduzco lo siguente: O el gerente del nuevo hospital está proyectando un volumen de ventas irreal y un tanto irresponsable o tiene motivos para creer que en efecto las autoridades locales están en la disposición de garantizarle los 6.000 millones de pesos que él proyecta venderles en servicios.

Lo digo porque si el distrito está en capacidad de cancelarle los 3.000 millones de pesos, entonces el director del Dadis tendrá que explicarle a la ciudad por qué puede conseguir dineros para un hospital recién abierto, y no para una institución modelo como la Casa del Niño, que atiende nada menos que a la población infantil más pobre de Cartagena desde hace más de 70 años, y a la que se le adeudan precisamente casi los 3.000 millones que graciosamente se le otorgarían a la nueva institución. ¿Será porque en la clínica infantil, como dijo el presidente de su junta directiva, no hay tráfico de influencias de ninguna especie, y, me imagino yo, porque además manejan el dinero con transparencia meridiana? Es decir, ¿Será que en el mundo absurdo en que vivimos se les castiga por lo que debería premiárseles? Prefiero creer que no.

Ahora bien, no sé si el señor alcalde lo conoce, pero tengo en mi poder el concepto del 13 de julio del procurador 21, Alberto Vélez Baena, sobre la consulta hecha por el abogado de la Casa del Niño acerca de si procede una conciliación extra judicial. Allí se establecen con suma claridad tres cosas: la primera que no hay lugar a dudas de que la Clínica prestó un servicio, que la alcaldía aceptó tener una deuda y que por lo tanto tiene que pagarla. La segunda, una clara advertencia del señor procurador en el sentido de que no pagar es exponer a la alcaldía a un detrimento del patrimonio público, en cuanto a que a la suma debida se le aumentarían los intereses en caso de que proceda una acción ejecutiva. Y la tercera, que es obligación del señor alcalde responsabilizar de su pago a los funcionarios culpables del eventual daño del patrimonio público.

Nadie debería pues llamarse a engaño: si a la Casa del Niño no le pagan, está en su legítimo derecho de demandar su dinero por las vías legales a la alcaldía, y entonces, si esto sucede, serán los funcionarios con su propio peculio, y no el Estado, quienes tendrán que responder por el perjuicio económico que se ocasione.

Es inadmisible que a la Alcaldía le resulte fácil prestar 3.000 millones de pesos para el nuevo hospital y se declare al mismo tiempo en bancarrota para pagarle a la Clínica del Niño lo que le adeuda desde hace varios años. Así de simple: la vida de los niños es una prioridad aún en las sociedades más bárbaras.

¿Verdad que es difícil entender que festejemos tanto la realización de unos juegos centroamericanos que le costaron al Estado colombiano la suma de 215 mil millones de pesos, al mismo tiempo que para salvarles la vida a los niños de la ciudad no sea posible conseguir 3.000 millones de pesos? Yo por lo menos no lo entiendo, y me niego a festejarlo.