Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
junio 28/2006

La salud y la educación Pública: un permante Escándalo

El 18 de mayo del presente año el periódico EL UNIVERSAL publicó en primera página una de las fotos más desoladoras de cuantas he visto: un aula de clase en la que los niños, con sus uniformes puestos, escuchan sentados a la maestra. Todos tienen paraguas abiertos en sus manos, y la maestra usa botas de plástico para protegerse de las lluvias que inundan el salón. Se trata del colegio Antonia Santos, uno de los más importantes del sistema público, que, como muchos otros, no tiene presupuesto para arreglar el techo, de modo que las lluvias caen sobre los estudiantes como si estuvieran en descampado. Claro que tampoco hay dinero para arreglar los baños o para comprar libros o para nombrar profesores en otras muchas escuelas.

Lo más dramático es que 9 días antes, los periódicos de la ciudad habían publicado la noticia, aunque todavía sin muchos detalles, de lo que apuntaba a muy graves irregularidades en los contratos de las llamadas Escuelas Flexibles. El contraste parecía inevitable: mientras no había de donde sacar sumas más o menos modestas para arreglar las goteras de Antonia Santos, en sólo 4 de los cientos de contratos que se firman en un año en la Secretaría de Educación se "desaparecieron" cientos de millones de pesos.

El miércoles pasado, Roxana Segovia, Secretaria de Educación, asistió al Concejo y contó algunos detalles de lo que parece ser un eslabón más en la cadena de la infamia que rodea el destino de los dineros públicos: el programa de Escuelas Flexibles debió favorecer a 1.723 estudiantes, pero estos no existen. Sólo se beneficiaron 11, ya se han pagado 732 millones de pesos, y lo que es peor, el dinero no ingresó a los colegios, y se cobró directamente en ventanilla por particulares.

Un día antes, y en medio de la crisis del sistema hospitalario público, el Secretario de Planeación contó, en otra sesión del concejo, los pormenores de la desaparición de nada menos que 64.000 personas de las listas del Sisben, afiliadas a ARS. Lo anterior quiere decir que, tal y como ha informado la prensa, el Distrito ha pagado 12 mil millones de pesos anuales durante aproximadamente 7 años por una población que no existe, es decir se han robado más de 80 mil millones de pesos.

Pese a la natural indignación que producen estas noticias, sería hipócrita aducir sorpresa alguna. No sólo sabíamos que estas cosas estaban sucediendo, sino que también sabemos que son apenas la punta del iceberg. Hace más de un año advertí en mis escritos y en conferencias públicas sobre las escandalosas y corruptas finanzas de la educación y la salud públicas.

Pero, claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es muy diciente que el 9 de mayo la Secretaria de Educación intentara renunciar precisamente porque el Alcalde no actuó para declarar la caducidad de los contratos de las Escuelas Flexibles, en los que todavía se adeudan otros 700 millones. Y que el miércoles 21 del presente mes, es decir, dos meses después de ser informado sobre las gravísimas anomalías que rodean a estos, y de habérsele solicitado repetidamente su intervención, nada se haya hecho.

Nadie ignora, además, la corrupción política y la mediocridad académica que rodean el llamado plan becario, en cuya ejecución se invierten miles de millones de pesos. Este año se han concedido ya docenas de contratos a colegios privados, de cuya idoneidad, en el caso de algunos, me permito dudar.

Tan fácil, verdad, que sería ordenar una investigación seria de todos los contratos firmados en ambas secretarías hasta el día de hoy, y sacar a flote el iceberg completo de la corrupción pública en Cartagena. ¿Quiénes lo impiden? ¿Será la mafia política que se roba los multimillonarios recursos del Estado?