Columna de opinión

Por Alfonso Múnera
febrero 22/2008

La crisis humanitaria en Cartagena

El martes 19 informó el Universal sobre una manifestación de gentes humildes protestando frente al Palacio Municipal por la demora en el pago de sus subsidios de vivienda, atrasados desde hace más de 8 meses. En esta protesta también se encontraban decenas de personas procedentes del asentamiento precario en tierras de Pasacaballos, expulsadas violentamente por las autoridades locales.

El desalojo de los sin techo de Pasacaballos sucedió hace ya más de una semana. La policía arremetió contra sus miserables viviendas, y contra hombres, mujeres y niños, tal como quedó impreso en las fotos y grabaciones hechas en el lugar. La orden provino de algún funcionario de la Alcaldía, sin que sepamos por qué se procedió a solucionar, de una manera tan brutal, un problema de hondo contenido humanitario, en un gobierno recién establecido, cuya cabeza principal siempre se ha distinguido por su discurso y sus prédicas untadas de sensibilidad social.

Nadie nos ha explicado todavía por qué se procedió con tal fuerza contra una comunidad que según informó la misma prensa estaba dispuesta a oír otras propuestas. Por qué no se buscaron soluciones coyunturales que evitaran el atropello contra mujeres y niños en procura de una vivienda. No sé si la respuesta sea que había que aplicar la ley y proteger el derecho de propiedad. No sé, tampoco, si había en curso una orden judicial que tenía que cumplirse.

Pero aun siendo verdad lo anterior, lo que me cuesta entender, más que el mismo desalojo, es que una semana después publique El Universal una foto en la que estas pobres gentes se encuentran viviendo como animales en unos cambuches improvisados en tierras vecinas, gracias a la conmiseración de unos propietarios “cachacos”, que los acogieron. Que sigan recibiendo sus alimentos de almas caritativas que les llevan algo de comer. Y que haya sido necesario que se movilizaran a protestar a los bajos de la Alcaldía para que finalmente se les escuchara y se plantearan tímidas soluciones.

Yo me pregunto ¿qué importancia tiene que haya uno, dos o diez “avivatos” entre quienes se asentaron en tierras ajenas, si el hecho real es que la inmensa mayoría de quienes estuvieron allí es gente desesperada, en el peor extremo de la miseria y angustiosamente necesitada de un sitio donde vivir? Por otra parte, ¿qué sentido tiene anunciar que se realizaran jornadas de salud, cuando siguen viviendo sin agua potable ni servicios higiénicos de ninguna especie, casi a la intemperie, casi sin comida y expuestos a toda clase de enfermedades?

La Corte Suprema de Justicia al referirse a la obligación del Estado de atender a los desplazados ha invocado el concepto de “ayuda humanitaria de emergencia”. En casos como el de Pasacaballos y el de tantos habitantes de Cartagena sin empleo y sin vivienda bien cabe el uso de medidas extraordinarias y urgentes, tendientes, al menos, a suavizar tan terrible drama humano.

Ellos no son culpables de las consecuencias sociales de la corrupción, el desgreño administrativo y la indiferencia hacia los problemas de los pobres, que han caracterizado a las administraciones locales. Son, más bien, sus principales víctimas.

El proyecto de vivienda Bicentenario, cuya planeación ha sido cuidadosamente adelantada desde hace ya más de un año por la Fundación Santo Domingo, apenas arranca y sería inútil esperar sus primeros resultados. Se necesitan soluciones inmediatas para un drama que no da espera.

La Alcaldesa sabe que enfrentar esta calamidad humanitaria es mucho más importante que seguir complaciendo los intereses de los especuladores de la tierra urbana, que a toda hora invocan las bondades del turismo. Y en consecuencia, es de esperar que así actúe.