Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
marzo 30/2007

Corrupción Homicida

La infausta noticia de niños muertos por hambre en algún lugar del Chocó obligó a las autoridades públicas a obrar para llevar socorros a comunidades en miseria y a formular pronunciamiento sobre este acontecer.

El Procurador General habló de corrupción que devora los recursos y ese mismo pensamiento fue repetido por otros altos funcionarios. A ningún colombiano despierto debe sorprender esa acusación. La corrupción la palpamos a diario.

Lo que sorprende de veras es que el país permanezca tranquilo ante la denuncia que formula un Procurador sin que muestre que su despacho ha aplicado los correctivos. Lo sorprendente es que no nos preguntemos qué ha hecho la Procuraduría para evitar que los dineros públicos sean robados.

El país mira como una atrocidad que se recibieran recursos de paramilitares para conseguir votos. Al mismo tiempo mira con indiferencia cómo los recursos de la salud y de la educación son robados o dispuestos para campañas electorales.

Cuando se habla de los miles de millones transferidos al Chocó, al igual que a los demás departamentos, para atender necesidades básicas de la población y luego se añade que el fin no se cumple, lo concerniente es pensar quién ha hecho algo para que los culpables del desvío de los fondos sean castigados y para evitar que esos robos a la salud y a la educación sigan ocurriendo.

Valdría la pena que el Procurador indagara y publicara cuál es el precio con el que compran las entidades públicas de salud los remedios y alimentos que suministran a la población. Se encontraría con facilidad un cauce de enriquecimiento indebido. Se vería con claridad cómo la administración pública suele pagar lo que compra a un precio mucho mayor del que los bienes tienen en el mercado. Y es fácil saber por qué se hace eso y a qué bolsillos van a parar los mayores valores.

Pero ese ejercicio tan sencillo no quiere hacerse. El país se entretiene con los cuentos novelescos de la parapolítica y con una aparente justicia contra algunos comprometidos, a quienes señala de ominoso contubernio con homicidas y secuestradores, y en cambio perdona o ignora a los que, a diario, con el saqueo de los dineros públicos condenan a muerte a muchos niños y adultos que carecen de todo.

El Procurador General cuando hizo sus afirmaciones sobre la corrupción en el Chocó debió pedirle perdón al país porque su despacho no impidió que ello ocurriera. Debió anunciarnos de inmediato qué medidas había emprendido esa Procuraduría para establecer los desvíos de dineros y castigarlos.

El problema del robo de los dineros oficiales es en esencia un problema de justicia. Fiscalía y jueces, Procuraduría y Contraloría, magistrados y personerías, le han fallado a Colombia en la tarea de combatir el delito contra los dineros públicos. El problema es de impunidad.

Todos los días se destapan casos hirientes de mal manejo de dineros públicos. Un escándalo sucede a otro. Pero las noticias de sanciones y condenas son raras. El delincuente sabe que tiene las de ganar. Tan lo sabe que en muchos lugares la contienda por las gobernaciones y alcaldías, por asambleas y concejos, por personerías y contralorías, es una lucha por la riqueza. El ejercicio de la política se tornó en una fuente de enriquecimiento, sin mucho riesgo.

Mientras exista la tranquilidad de poder ejercer la administración pública como medio de hacer riqueza, la corrupción seguirá asesinando niños y adultos, aunque de ello no se haga tanto despliegue noticioso como en el caso del Chocó.