Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
diciembre 21/2007

El problema es de proponente y de forma

Estoy lejos de ser adherente político del señor Nicolás Curi Vergara. He sido crítico de sus desempeños como Alcalde de Cartagena y no será en las postrimerías de su tercer mandato, cuando me convierta a su causa. No soy converso de última hora.

Dicho esto, señalo que me aparto de la manera como se combaten algunos proyectos ambiciosos que ha planteado el señor Curi en la agonía de su tercer mandato. Para oponerse a los propósitos del señor Curi no es menester descalificar en forma tajante, y a veces superficial, los hechos urbanísticos que resultarían de cumplirse sus propósitos sobre un bulevard próximo al mar en Bocagrande y un enorme complejo turístico y habitacional en la zona norte de Cartagena.

La imagen proyectada por Curi en sus largos años de andaduras políticas invita a mirar con suspicacia cuanto proponga y, más, si lo propuesto es de mucho valor económico, con poco estudio revelado y de prisa, cuando su previsible último espacio de gobierno expira. Mirando a Curi y al Concejo, y no mirando a los proyectos, se entiende y explica el rechazo generalizado.

Me separo del coro oposicionista, sin que esto signifique que defienda los proyectos de acuerdo tal como están planteados ni tampoco los propósitos del Alcalde. Mi oposición se endereza en especial a los argumentos de los oposicionistas.

En primer lugar, estimo que necesitamos alcaldes y autoridades públicas en general que miren con entusiasmo proyectos enormes, que le pierdan el miedo a salir de las pequeñas dimensiones en cuanto se planea para Cartagena y Bolívar, y que piensen en el futuro con grandeza y sin mezquindades urbanísticas. Hemos sufrido por falta de alcaldes que se hayan atrevido a pensar en grandes avenidas, en atrevidos puentes para solventar problemas de comunicación, en programas de 40.000 o más viviendas dignas para solucionar la crisis habitacional de una gran parte de la población, en extensas zonas ecológicas y de esparcimiento, en convertir La Popa en un verdadero pulmón verde, en resolver los problemas de mercados públicos y centrales de abastos, en construir clínicas y centros educativos de primer orden tanto por su planta física como por la calidad de sus servicios, etcétera, etcétera. El apego a lo pequeño ha sido un arraigado mal de la dirigencia cartagenera y bolivarense. Sus nocivos efectos están a la vista.

En segundo lugar, esgrimir la palabra privatización como la amenaza de un grave mal que cause despiadados daños a los habitantes de Cartagena es una falacia. El Castillo de San Felipe y el Club de Pesca están en manos privadas y cualquiera puede visitarlos y contemplar su belleza; privatizados están los antiguos muelles y el salto hacia el progreso ha sido incomparable, como mejoró también el aeropuerto con su manejo por los particulares. Al contrario de lo que muchos alegan ahora, cuando el Estado administra las cosas suelen ser peores. Ya olvidamos, por ejemplo, cómo eran de deficientes los servicios públicos de acueducto y energía eléctrica en manos del Estado.

Las concesiones de playas que se han hecho en Cartagena muestran que éstas pueden mejorar su aspecto y mantenerse aseadas, sin que ningún particular sea privado del derecho al disfrute de las mismas. Otras playas no concesionadas están ocupadas por negocios con servicios y aspecto deprimentes.

Y, algo peor, cuando la privatización no se hace a las buenas y oportunamente, ocurre a las malas y sin provecho para el Estado, como ha sucedido con Tierrabomba.

En cuanto al fenómeno de la concesión, es claro que es un mecanismo de mucha importancia para que se realicen aquellas obras que las limitaciones económicas del Estado y la corrupción administrativa impiden o ejecutan de pobre manera. Es mejor que los particulares gasten sus dineros en los proyectos de envergadura y que el Distrito reserve los suyos para el gasto y la inversión sociales. Si Curi hubiese propuesto que el Distrito invirtiera los muchos miles de millones que requiere el bulevard de Bocagrande para su construcción, de seguro que el coro de las críticas porque no se destinara ese dinero a obras de interés de los estamentos pobres sería inacallable. Distinto es que se exija que las concesiones se otorguen con empleo del mecanismo de la licitación pública. ¿Si se hubiera utilizado sanamente la herramienta legal de la concesión, acaso no habríamos desarrollado Tierrabomba?

También me parece pobre el argumento de que falten unos trámites o que se quebranta el POT como herramientas para decir que los proyectos deben descartarse. Si el POT resulta contrario a las sanas conveniencias de las sociedad, hay que reformarlo; si se ha omitido la observancia de algunos reglamentos, pues hay que subsanarla. Pero, por Dios, eso no hace malos el bulevard ni el gran complejo turístico y habitacional de la zona norte; eso lo que demuestra es que las herramientas legales escogidas por el gobernante son ineptas y deben ajustarse a lo ordenado en la ley. El POT es una norma redactada y adoptada por humanos en medio de un mar de críticas; injusto que, con olvido de lo ocurrido ayer, ahora se sacralice el POT para convertirlo en arma de descalificación.

Tienen razón los opositores al mirar con repugnancia proyectos que vienen armados con nombre propio. Es evidente que ha faltado ventilación adecuada, convocatoria a las fuerzas económicas para que participen en ellos o rivalicen con nuevas ideas, esto es, las normas de sana competencia y de transparencia están vulneradas. Eso es cierto, pero tampoco tiene que ver con el contenido de los proyectos.

En suma, una cosa es que los proyectos tengan como adalid a un Alcalde cuyos pasos suscitan desconfianza y que pretermitan requerimientos legales, y otra cosa muy distinta que la concepción del bulevard y del complejo de la zona norte sea en sí mismos inconvenientes. Sobre este último aspecto, la inconveniencia intrínseca de los proyectos, poco o nada he leído.

Por eso mi conclusión es muy sencilla: que el ataque a Curi no descalifique para siempre ideas, que bien proyectadas y ajustadas a la ley, serían instrumentos importantes para un audaz salto de Cartagena como ciudad turística.

Pidamos divulgación del proyecto, transparencia absoluta en su manejo, apego a la ley en su adopción, respeto al medio ambiente y a la libre competencia, pero en lugar de cerrarle el paso a perpetuidad a esos proyectos y otros semejantes, solicitemos que la nueva Alcaldesa los estudie con cuidado, los divulgue con profusión y, hasta si fuere el caso, los someta a consulta popular.