Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
agosto 24/2007

El olor del dinero

Que el dinero no tiene olor es frase que se atribuye a algún emperador romano, como respuesta a su hijo incómodo porque se hubiese gravado el uso de las letrinas públicas. La frase ha hecho carrera, pero no parece cierta.

En Cartagena el olor del dinero se percibe desde ya en algunas candidaturas a la alcaldía, a la gobernación, a la asamblea y al concejo. Quizá la facilidad con que se percibe provenga de la poca claridad de su origen o de la sucia finalidad a la que se va a aplicar el dinero.

Entre las gentes se palpa la sensación de que el dinero circula y va a aparecer a torrentes a medida que se aproximen las elecciones. En los corrillos se asigna precio al voto y se dimensiona el número de votantes susceptibles de caer ante la tentación del billete.

Cuando se escuchan cifras, se evidencia que la Alcaldía de Cartagena es un botín muy particular. Los entendidos en corrupción señalan que cerca de cuatro billones de pesos será el monto de los presupuestos que ejecutará el próximo alcalde y de éstos la mitad se destinará a contratación. De esos dos billones, dicen los entendidos, una nueva mitad se queda en los bolsillos de la corrupción.

Estas cuentas autorizan a temer que ninguna suma de dinero será exagerada para los "inversionistas" empeñados en comprar la alcaldía de Cartagena que, además, depara otra fuente generosa de recursos frescos y ocultos cual es el cobro por cualquier clase de permiso, licencia o trámite de importancia que deba realizarse en el Distrito.

La experiencia decantada indica que el negocio es "comprar" la alcaldía o la gobernación lo que supone dejar al elegido en las irrelevantes tareas políticas mientras la contratación pasa a las manos de la gente de confianza de los "inversionistas" ganadores. Así no hay peligro de infidelidad ni de actuar timorato del elegido. Además, con una asamblea y un concejo comprados, están en la mano, domesticados e inofensivos, los entes de control. Es más, son parte de la maquinaria de los "inversionistas".

Los topes del Consejo Electoral y otras medidas oficiales son tan ingenuas que quien las dicta se encuentra en incapacidad de controlar y hacer efectivas. ¿Cuántas camisetas circulan con la efigie y el lema de un candidato? ¿Quién cuenta los automotores que lucen costosas calcomanías? ¿Quién cuenta y avalúa los ventiladores y demás electrodomésticos que se distribuyen en ciertas campañas? Nadie, y cuando esos ventiladores se encuentran apilados en lugares electorales estratégicos, los investigadores se encargarán de hacernos creer, con infinito cinismo, que se trataba de una promoción comercial que coincidió con un acto del candidato repartidor de electrodomésticos.

Todo ello sin hablar de los billetes físicos que, mochila al hombro, se reparten con facilidad para obtener que los ciudadanos se inscriban en determinados lugares y que luego depositen el voto.

En Cartagena no hay misterio. En esquinas y buses, en salones y restaurantes, en calles y plazas, se mencionan con nombre propio los suministradores de los dineros, el origen de ellos, sus destinatarios y la forma de repartirse. El pueblo lo sabe y lo grita. La autoridad lo ignora y, acaso, seguirá ignorándolo siempre. Queda la angustia de pensar si también ellos, los inversionistas electorales, son quienes controlan la autoridad.