Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
febrero 19/2007

Cuando el ciudadano NO cuenta

Cuando el ciudadano no cuenta para las decisiones de las autoridades quiere decir, de modo sencillo, que no existe democracia ni estado de derecho porque la primera supone que la opinión de los asociados tiene canales efectivos para expresarse y determinar la conducta de los gobernantes y porque el segundo -el estado de derecho- irrefragablemente exige que los asociados pesen y valgan pues de otro modo no existe respeto a ellos.

Es posible que los gobernantes hayan llegado a ser tales en virtud de votación popular, pero ese origen legal en modo alguno reviste de legitimidad los actos que cumplan sin mirar las conveniencias del pueblo, esto es, de la generalidad de los habitantes. No se trata de que el gobernante se someta a las tornadizas inclinaciones de los asociados ni que dirija sus actos por la fluctuación de las encuestas. Se trata de algo más fundamental: que el gobernante siempre tenga presente los derechos de los asociados, como personas humanas, como ciudadanos, como integrantes de un conglomerado.

Algunos de nuestros gobernantes proceden con el grosero talante de estimar que los asociados son súbditos que deben inclinarse ante cualquier arbitraria decisión. Pretenden que las leyes, o su investidura, los autorizan para sacrificar sin escrúpulo los derechos de las personas o para, con desdén, dejar de escuchar el clamor que se levanta ante el desconocimiento de los derechos de la persona o de la colectividad.

Por eso es factible que, creyéndose emperadores en la comunidad, sacrifiquen los derechos colectivos ante la codicia de algunos particulares que, quizá, compartan con ellos las ganancias o les paguen, en cualquiera otra forma, las arbitrariedades de conceder licencias para pisotear los derechos colectivos. Como experimentamos cuando las normas sobre límites al ruido y sobre protección al derecho a la salud y al descanso fueron pisoteadas sin misericordia en pasados días en Cartagena en múltiples sitios de la ciudad, con la obsecuente colaboración de las autoridades.

Lo que se dice del ruido puede señalarse en otros ámbitos, como también se vivió en estos días de temporada turística y acaeció en el período de festividades novembrinas.

Parece que en Cartagena vivimos bajo un sistema en que las autoridades se consideran por encima de la ley y que su oficio es distribuir autorizaciones, contratos u omisiones de sus deberes dentro de una feria de trueques que les aseguren la cohonestación de procedimientos reñidos con el interés social.

El bien común es lo que parece estar fuera de la mira de los gobernantes. Hacer mezquinas obras, con contratos de dudosa honestidad, sin atender a prioridades ni a racionales ordenamientos, lejos de ser una manera de satisfacer necesidades sociales, representa un estilo de mala administración y de funesto desatino en el presupuesto.

Este año es electoral. Una oportunidad para que lo ciudadanos que todos los días gritan quejas en los mercados, en los buses, en las peluquerías, en las tiendas, en fin, en todas las tertulias, impriman un vuelco a la ciudad con su voto.

Votar por quien de veras respete al ciudadano es suficiente para producir un cambio y para obtener que las personas sean tenidas en cuenta por los gobernantes.