Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
julio 06/2007

Solidaridad

La muerte de los once diputados del Valle del Cauca, cautivos en manos de las FARC, constituye una prueba muy seria para medir la solidaridad de los colombianos. Son once que se suman a los miles ya muertos antes por obra de los alzados en armas y son miles también los que permanecen en cautiverio esperando, con horror y justo miedo, que en cualquier instante les suceda algo similar.

En verdad, esos once cautivos, como los restantes, sufren injusto tormento. Nada legitima a las FARC en sus capturas de ciudadanos inermes o de agentes del Estado, ni nada legitima la retención de ellos en cautiverio o, mejor, en campos de concentración.

Si nada legitima la captura y retención de personas por parte de otros particulares, sean o no grupos armados, menos podría encontrarse legitimación para darles muerte. Imposible aceptar que el cumplimiento del deber del Estado de procurar la libertad de los cautivos sea tomado como causa justificativa de su ejecución por parte de los secuestradores. Es decir, la persecución del Estado no exonera de responsabilidad al secuestrador cuando da muerte al secuestrado.

A veces no se dimensiona el alcance de algunas afirmaciones, como las de culpar al Estado por haber inquietado a los secuestradores. No se alcanza a percibir, en el ejercicio teórico, que eso es tanto como decir que la protección de las víctimas de cualquier delito consiste en que el Estado se abstenga de perseguir y castigar a los delincuentes, por temor a que éstos, como represalia, cometan más crímenes.

Aceptar que la justa y obligada tarea del Estado de procurar la libertad de todos los secuestrados es explicación y aún exoneración de responsabilidad para los secuestradores que los asesinen es tanto como admitir que en adelante los secuestrados estén condenados a servir de escudos humanos para garantizar la impunidad de quienes los han secuestrado. Es premiar el delito y arrodillar la sociedad ante los delincuentes. Los secuestrados en función de extorsión no tendrán más esperanza que la de que sus familiares paguen la extorsión y toda acción estatal quedaría vedada. Quedaríamos entregados todos los civiles a las acciones de los delincuentes.

Me parece repugnante que se incrimine al Estado, aún en el supuesto de que hubiese adelantado acciones de hostigamiento de los secuestradores de los once diputados del Valle del Cauca, pues tal incriminación no sería más que sentar como doctrina que los delincuentes no pueden ser molestados en su actos delincuenciales, so pretexto de que su ira o desespero ante la justa acción oficial los lleve al asesinato de los cautivos.

Desde luego, cuando de cobrar cuentas se trata, cualquier causa es buena para los obcecados enemigos del presidente Uribe Vélez. Así, nada extraña que hayan proliferados los pronunciamientos en que se dice que se condena a las FARC, con la salvedad de convertir al gobierno nacional, léase a Álvaro Uribe Vélez, como un corresponsable por haberse abstenido de rendirse ante la guerrilla y en tal camino haber negado una nueva zona de despeje. Sin duda es una posición entendible en los familiares de los asesinados, pero mezquina de parte de los opositores al gobierno.

Hay que distinguir entre condenar a la guerrilla y apoyar al gobierno. No es cierto que repudiar los asesinatos signifique, ni de lejos, apoyo a Uribe Vélez y su gobierno. Es posible lógica y moralmente estar en desacuerdo con ambos y desechar que la conducta del Presidente y del gobierno sean causa eficiente que justifique los crímenes de las Farc.

Está en juego la supervivencia de la sociedad civilizada. Supervivencia que se arriesga cuando la sociedad misma desacredita la legitimidad del Estado por no someterse a los dictados de unos delincuentes que buscan garantía de impunidad para sus delitos y pretenden alcanzar esa garantía con el chantaje de la muerte de los injustamente cautivos.

La solidaridad en estos casos es más que una marcha y un batir de pañuelos blancos, es tomar las medidas requeridas para que la sociedad triunfe sobre la delincuencia y asegure a los asociados una vida tranquila dentro de la convivencia determinada por las leyes del Estado. Solidaridad en estos casos es batallar por el primado de la ley y del respeto a la vida. Cuando los delincuentes reciben justificación, se erosiona la legitimidad del Estado y se camina por las vías de la insolidaridad.