Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
junio 22/2007

Alharaca Pseudoética

Disfrazar de ética cualquier posición en una causa, y en forma concreta la lucha por el poder, produce dividendos. Hay en importantes sectores de Colombia una propensión por el alboroto y, más todavía, cuando ese alboroto aparenta defender principios éticos.

Fenómeno que podría tildarse de paradójico en un país cuya estructura política, social y económica está carcomida por la deshonestidad, en distintos grados y matices. La paradoja se esfuma cuando reflexionamos que esgrimir la ética como arma de lucha es uno de los remedios habituales de quienes mantienen conductas reñidas la ética. Casi es paradigmático que el delincuente de cualquier pelambre o el deshonesto de cualquier estrato social y político, como primera reacción a una acusación, rete a que se les investigue. Saben muchos de ellos que las investigaciones, lejos de concluir en justicia, desembocan en resoluciones que, luego, pueden ser exhibidas como certificados de buena conducta.

La alharaca de turno es la inclusión por parte de los Congresistas de un artículo que sustrae sus potenciales conductas irregulares al examen y juicio disciplinario de la Procuraduría para confiar tales menesteres a las comisiones de ética del propio Congreso, vale decir, la justicia de los pares, los miembros de la Comisión Ética.

El argumento presentado con contundencia por el propio Procurador General es que se pasa de un régimen en que son posibles las destituciones de congresistas a otro en que las faltas disciplinarias tendrán como sanción las amonestaciones privadas. Cierto que miradas las normas legales abstractas es así. Pero vayamos a lo concreto: ¿cuántos congresistas han sido destituidos hasta hoy en ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la Procuraduría General? Ninguno. Entonces, ¿para qué reclamar una potestad que no se ejerce?

Cierto, muy cierto, que la justicia administrada por los propios congresistas a sus colegas produce desconfianza. sin que ella se aminore con el argumento de que en otros países se aplique ese sistema y haya dado éxito. Como en el Congreso de los Estados Unidos.

En Colombia existe un problema fundamental que impide creer en la eficiencia e imparcialidad del Procurador como juez de congresistas: al Procurador lo eligen los congresistas y ellos mandan en forma amplia en ese engranaje de control. La impunidad que campea en algunos departamentos es debida, con justeza, a que la vigilancia de la gestión pública se confía por el Procurador General a los recomendados de los congresistas, quienes -a su turno- están pendientes de tutelar a sus gobernadores y demás protegidos por pertenecer a sus caudas electorales.

En verdad, en el país hay grave crisis en el sistema disciplinario. Crisis que no es debida a códigos sino a los humanos encargados de aplicarlos. Cuando existe corrupción generalizada es ilusorio pretender que existan algunos segmentos de la administración o de la sociedad como claustros impermeables a la corrupción. Y es lo que vivimos. La justicia, en todas sus esferas y rangos, al igual que los organismos de control, se encuentra impregnada por la influencia de partidos y de grandes fuerzas electorales. Esa influencia se traduce en la imposición de personas y frenos que determinen decisiones según las conveniencias de quienes la ejercen.

Una medida radical, esta sí, es que el Procurador General deje de ser elegido por el Congreso. Así habría, cuando menos, la esperanza de que este alto funcionario cumpla con cabal celo el cometido que la Constitución y la ley le asignan.

El debate actual terminará con que la norma aprobada por el Congreso se eche para atrás, el gobierno y los personeros de los partidos quedarán revestidos de ética ante la opinión pública, la Procuraduría seguirá ineficaz a pesar de los poderes disciplinarios que no va a perder, y la corrupción continuará su ascenso.