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Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
junio 08/2007


Candidato y Ciudadanía


Se avecinan las nuevas elecciones de autoridades regionales. Ya están en la palestra los aspirantes, aunque algunos de ellos -con menosprecio de la verdad- digan que no están en plan de candidatos, porque se sabe de ciencia cierta que andan procurando adhesiones.


El panorama puede catalogarse, sin alarma ni pesimismo, como propicio para que Bolívar y Cartagena sigan mal administrados. La cantaleta de la honestidad administrativa que con alarde de lugares comunes plantean los aspirantes no evidencia asideros en la realidad. Muchos aspirantes han sido colaboradores conspicuos de administraciones reñidas con la moral y el paso de ellos mismos por puestos públicos deja más preocupaciones que razones para reclamar la confianza ciudadana.


Por otra parte, de nuevo asistimos a una feria en que se improvisa un discurso que se acomode al tradicional estereotipo de ofertas irresponsables, sin que los candidatos exhiban que sus promesas tienen el respaldo de estudios y análisis de nuestra situación y de las posibilidades con que se cuenta para trabajar.


La preocupación estriba en conseguir respaldos y para ello lo corriente es negociar de antemano el gobierno. Esta práctica implica que algunos apoyos se pagarán con la entrega de secretarías e institutos descentralizados, con su carga presupuestal y burocrática tanto como con el derecho de tomar decisiones para otorgar o denegar licencias o permisos según la retribución que brinde el necesitado o la influencia de que disponga.


No nos engañemos. Los pactos políticos electorales entre nosotros significan en verdad la distribución antelada del departamento y de la ciudad como botín entre los integrantes del consorcio ganador. Los actuales gobiernos departamental y distrital lo certifican. Es voz común que personajes distintos al Gobernador de Bolívar y al Alcalde de Cartagena tienen la decisión en determinadas secretarías o institutos. Las gentes que gastan sus vidas merodeando alrededor de la cosa pública con todo desenfado anuncian al ciudadano interesado en una gestión que esa secretaría o aquella dependencia es de fulano. Con ese fulano es con quien hay que hablar para contratar, para conseguir un empleo o para obtener una licencia.


En voz alta se comenta que personas sin cargo público tienen la última palabra en la adjudicación de contratos de cualquier tamaño, en la designación de empleados, en la vinculación de prestadores de servicios, y en todo el rodaje administrativo.


Las esperanzas de un cambio radical son vanas. Al menos hoy. Estamos viendo que el mercado político está activo. Los programas de gobierno parecen cosa secundaria.


Para mayor desesperanza, los partidos muestran más interés en ganar gobernaciones y alcaldías que en asegurar buenos administradores. Da tristeza la penuria ideológica de los partidos y movimientos. En lo regional se comportan como simples manadas más o menos cohesionadas por el apetito de poder que se traducirá en disposición de contratos y burocracia.


El estado actual de cosas tiene sus sostenedores y abundantes. Es erróneo estimar que sólo los políticos, entendiendo por tales a los actuantes electoralmente, tienen responsabilidad en lo que acontece. Tras ellos está el grueso de las "élites" industriales, comerciales, sociales, profesionales, en procura de asegurar beneficios. Cartagena lo probó con la última reelección del señor Nicolás Curi. Más o menos agazapados, muchos integrantes de las "élites" le dieron su apoyo y luego, a título de garantía de saneamiento moral, entraron al gobierno y a gozar de sus gajes. Vendieron silencio ante la pésima administración que padecemos.


El comercio político entonces es cuestión generalizada en suficiente grado para asegurar que las cosas sigan igual. La ciudadanía ajena a estos tráficos muestra poco interés en intervenir para modificar las vergonzantes perspectivas actuales. Por temor a arriesgar, por ignorancia, por fastidio hacia la cosa pública o por simples consideraciones de clan económico, de grupo social, de relaciones profesionales o amistosas, esa gran mayoría de gente sana y buena sale a votar por los mismos. Quizá piensen que ya nada puede ser peor y que algún fenómeno externo algún día modificará las cosas.


Un pequeño grupo visible apuesta a su manera a guiar un cambio en Cartagena. Considero venerables sus intenciones y aplaudo su arrojo. Lamento, en cambio, que por los procedimientos escogidos para hacerse presentes en estas elecciones de 2007 el triunfo sea una posibilidad remota.


Los hechos indican que Bolívar y Cartagena, por ahora, están destinados a continuar con vergonzosas administraciones como las actuales. Las ilusiones de que los partidos cambien la situación, son sólo eso: ilusiones.





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