Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
junio 01/2007

La cultura de lo superlativo

Las noticias de los comunicadores colombianos parecieran carecer de importancia si no arrancan señalando que el acontecimiento ocurre "por primera vez o el órgano que la difunde lo hace "en exclusiva". La extravagancia llega al colmo de oír decir que un medio conoció en exclusiva documentos que son públicos, como decretos o circulares de gobierno.

Pareciera que la muerte de una persona no constituyera una tragedia y que para que el hecho tomara los ribetes de tal se requiriera una multitud de fallecidos. Del mismo modo hay que inflar los cálculos de pérdidas en caso de inundaciones, incendios, terremotos o vendavales. Cuando se escuchan las noticias de radio y televisión sobre estos aconteceres, queda la sensación de ser Colombia el país más rico del mundo. Esa deducción surge espontánea cuando se oye decir que un paro de transportes, por efímero que sea, genera miles de millones de pérdidas. Si la DIAN tomara nota de las valoraciones que se hacen de cualquier incendio, por ejemplo, pondría en apuros a más de un contribuyente cuyos haberes se han incinerado.

Hay algo en el alma de los colombianos que impulsa a la exageración. Tanto en lo bueno como en lo malo. Los funcionarios públicos no se cansan de ayudar a este cúmulo de imaginarias situaciones. ¿Cuántas veces nos han dicho que la expedición de la cédula de ciudadanía o de una licencia de conducir automotores es asunto de minutos? ¿Cuántas veces ha sido verdad esa afirmación?

En tal sentido, mal puede sorprender el actual enfrentamiento de gobierno y algunos sectores del país. Con la misma tranquilidad con que graves doctores de las universidades señalan que la reforma a las transferencias de la nación a los entes territoriales es la partida de defunción de la educación pública, desde la orilla del gobierno doctos hacendistas y expertos economistas afirman que la educación pública recibirá mayores recursos. El observador sólo encuentra dos posiciones radicales, inconciliables, sostenidas por presuntos entendidos en el asunto y que aducen haber examinado cuidadosamente cifras y proyecciones. Al rompe aparece que alguno de los dos está estropeando la verdad, si no ambos. Y que quien miente no se ruboriza por ello.

Pero es que Fecode y las universidades no llamarían la atención de muchas gentes si no dijeran que el fin de la educación pública es el programa de mañana y el gobierno tampoco recabaría la comprensión de muchos si no dijera que en el mandato de este Presidente, como nunca, los recursos destinados a la educación oficial han aumentado.

Así sucede con la relación gobierno-oposición. Hay que decirle al Presidente "paraco" pues señalar que entre sus reelectores hubo políticos ligados con los paramilitares no es suficiente para atraer las miradas del país en su contra. A su turno el Presidente entiende que a la gente la única defensa que le va a agradar es oírlo decir que en la orilla oposicionista hay guerrilleros disfrazados de políticos.

Lo que se anota de la actitud de los medios y de quienes ejercen la política también deja su registro en la actividad privada. Hace décadas las universidades abandonaron la errada práctica de atribuirle el título de "doctor" a quien terminaba un pregrado. Hoy el título es de abogado, médico, ingeniero, economista, etc. Sin embargo, persona que tenga algo de autoestima debe hacerse llamar doctor. Y si no le dan el título se siente obligada a otorgárselo ella misma.

Confieso que me produce alguna sonrisa cuando recibo comunicaciones de profesionales universitarios que en su membrete señalan "doctor" o "doctora", o anteponen tal título a su firma o lo colocan en tablillas o anuncios al público. En algunos casos me he sentido incómodo porque haya enviado a alguien una comunicación en que lo trate de "señor abogado" o "señor ingeniero" y en la respuesta ese profesional con título de pregrado o alguna especialización adicional me conteste indicándome en su antefirma que es un "doctor", como enrostrándome una injusta e irrespetuosa descalificación.

Más sonrisa me produce cuando el título de "doctor" hay que otorgárselo, por convencionalismo social, a quien ocupa determinado cargo. Así, en algunas oficinas me han hecho sentir transitando por la descortesía cuando he preguntado por el director, gerente, auditor o jefe de la sección. Con fineza y firmeza más de una recepcionista o secretaria me ha ripostado "el doctor" no ha llegado o lo atenderá más luego, subrayándome que estoy despojando al personaje de una etiqueta que le pertenece.

Y no hablemos de las mayúsculas. Es costumbre propinársela, quizá como señal de reverencia, a múltiples cosas. A veces experimento una suerte de impudicia gramatical u ortográfica cuando al revisar contratos le bajo las mayúsculas a las sumas de dinero y a las cosas o a los cargos como gerente, junta directiva, revisor fiscal, y luego al devolverme los documentos encuentro que el destinatario ha corregido mi impertinente abajamiento de las cosas a su nivel y retornado las mayúsculas. Me queda la sensación de que desde lejos ese destinatario me está mirando con ojos de abierta censura.

¿Esta manía de la exageración, de prodigar títulos y reverencias no ganadas, de magnificar cosas y en especial el dinero, no serán acaso una perversa manera de crear una vida pública de ficción?