Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
mayo 25/2007

La academia tocada por el escándalo

La Fiscalía General de la Nación tocó a la academia por sus posibles comprometimientos en contratos extraños realizados con lejanos solicitantes de servicios. Es el caso de la Universidad de Cartagena, cuyo más reciente exrector, Sergio Hernández Gamarra, está privado de libertad por el cargo de probable peculado por apropiación. Los convenios investigados se realizaron con la Gobernación de Casanare.

Sin aventurar tesis sobre el comprometimiento del mentado exrector, este caso es un ejemplo de la corrupción del país y de cómo los hechos huelen mal pero se les deja avanzar hasta cuando la inmoralidad lo corroe todo. Era visible que no se justificaba, salvo nexos muy especiales, que un departamento como el Casanare saliera a procurar los servicios de una Universidad pública distante, para confiarle el manejo de cuantiosos recursos del erario. Al rompe se observaba que esos contratos tenían la intención de eludir las licitaciones públicas o los concursos de mérito por parte de las entidades territoriales; es decir, ellos envolvían un fraude a la ley. También era notorio que la Universidad contratada no estaba en circunstancias fácticas de desempeñar una labor estricta por su falta de establecimientos y oficinas en el departamento que confiaba la administración de sus recursos y en los lugares en que debían ejecutarse las obras. Era palpable que la Universidad de Cartagena no tenía conocimientos adecuados sobre la región del Casanare para escoger personal idóneo para trabajar allá. Era de bulto que ese no es el oficio de una academia. Obligado era, en consecuencia, que contrataran con otros en forma directa e inducida.

Salta al rompe la pregunta: si todo esta era así, ¿por qué los flamantes entes de control y sus gárrulos personeros dejaron pasar y nada hicieron para detener la avalancha de contratos interadministrativos que burlaban la ley y propiciaban irregular manejo de los fondos públicos?

La respuesta es obvio. Este engranaje funcionó por instancias de la clase política que conducía los entes departamentales a contratar con las universidades públicas manejables por ellos y obtener que, cuando menos, sin licitación los contratos fueran a parar a las personas y patrimonios que ellos querían.

Este sistema perverso repugnaba al mínimo sentido ético de la administración de los recursos públicos. Mas los rutilantes entes de control dejaron hacer.

Cuando se toman medidas tardías, y ya casi sin posibilidades de reparación para el ente territorial que haya experimentado quebranto patrimonial, cabe preguntar ¿quién exigirá responsabilidades a los titulares de los entes de control que estuvieron ciegos frente a cuanto pasaba? Procuradores y contralores, auditores y fiscales, vieron, oyeron, palparon pero no quisieron actuar.

Es sabido que la contratación pública en Colombia está carcomida por la corrupción. Los contratistas, alzados en arma o no, son los primeros financistas de las campañas políticas regionales. En voz alta se habla en las regiones de cómo alguien compra la lotería de su departamento con las grandes monedas que entrega a una campaña, cómo otro gran donante adquiere el predominio de la salud o de la educación, y así sucesivamente. En voz alta se habla de cómo de cada peso destinado a contratar en regiones afligidas por la corrupción un buen porcentaje debe pertenecer, de antemano, al padrino del gobernador, alcalde o adjudicador del contrato. Se sabe que el erario paga las mercedes electorales que, por lo general, bolsillos no santos deparan a los candidatos. Se sabe que Bolívar y Cartagena son estanques en que de vieja data la corrupción administrativa se cultiva con desfachatez y persistencia.

Era previsible lo ocurrido en el caso de la Universidad de Cartagena. Todavía hoy podemos preguntarnos ¿por qué los Alcaldes de Momil, Turbo, Manaure y Girón buscaron esta Universidad y desecharon las de Córdoba, Antioquia, Cesar y Santander que prestan el servicio educativo, fundamentalmente, para los territorios en que se desarrollarían las obras? ¿Cómo ancló en Cartagena el Gobernador del Putumayo, pasando éste por encima de las universidades de Bogotá, cuando contratar con ellas les resultaba de seguro más expedito y económico? Todavía hoy podemos interrogar, ¿quién le insinuó al Alcalde de Turbo y al de Girón que contrataran con la Universidad de Cartagena? La respuesta parece obvia: fue manejo de políticos para adjudicar los contratos y mandar los dineros a los bolsillos de los contratistas que ellos querían, eludiendo la licitación y el concurso.

¿Extrañará acaso, entonces, que el Congreso fuera reticente a adoptar una norma que cerrara las permisiones para este tipo de contratos? En una sociedad aquejada de corrupción es ingenuo pensar que existan segmentos administrativos puros, máxime cuando esos segmentos reciclan personajes que deambulan por todas las esferas de la actividad pública, vale decir, van y vienen dentro del mefítico mundo de la inmoralidad administrativa.