Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
mayo 18/2007

Ultraje injusto

La Sala Penal de la Corte Suprema ha pronunciado decisiones de mucha gravedad en los últimos meses en contra de congresistas; por su lado, la Fiscalía General ha emulado en decisiones iguales contra otros políticos. Todas ellas hermanadas por la proximidad a los paramilitares y fundadas, en gran medida, en el dicho de delincuentes que buscan, con afán, minimizar sus penas y responsabilidades con el mecanismo, consignado en la ley, de acusar a otros. Más que confesión de sus delitos, pareciera que la labor de los desmovilizados es culpar a otros.

Quizá por el fastidio que buena parte de la población experimenta contra la clase política mucha gente aplaude la noticia de congresistas llamados a explicar su conducta, a responder por incriminaciones delictuosas o privados de libertad. Existe una inocultable morbosa satisfacción en el abatimiento de cualquier político. Los noticieros de televisión traslucen mieles cuando predicen, gracias a la continuada infidencia de magistrados y fiscales deseosos de publicidad e infieles al deber de la reserva sumarial, que otro personaje importante va a ser privado de la libertad.

En ese ambiente de vindicta contra los políticos, la razón encuentra poco espacio para analizar y digerir las decisiones así como para examinar los comportamientos de los magistrados y fiscales. En primer lugar, confieso que es extraña la locuacidad de algunos integrantes de la Sala Penal de la Corte. Me dejan la sensación de quienes han adquirido un compromiso, no propiamente con la ley y la justicia, y que necesitan aseverar, anticipar y garantizar que han de cumplirlo. Me deja la sensación de que la Sala Penal de la Corte y el Fiscal General consideran que la única manera de hacer justicia es complacer a algunos sectores en forma vocinglera y con innecesario escarnio para los sindicados.

No entro a juzgar las pruebas que puedan existir para endilgarles a los detenidos la comisión de éste o aquél delito. Tampoco los razonamientos para ver en la conducta de ellos conciertos para delinquir. Eso es otro asunto.

Lo que me preocupa es la facilidad con que se reparten órdenes de captura y la parafernalia con que se cumplen.

Pienso que es exagerado temer que todos los congresistas van a procurar esconderse de la justicia en caso de ser condenados. La conducta de la inmensa mayoría de ellos los muestra prontos a responder. Ninguno de los hoy presos ha eludido ninguna cita y ese hecho deja evidencia que es infundado pensar que andarían prófugos ante una orden de detención.

Tampoco se ve claro que representen un peligro para la sociedad si conservan su libertad. En todo el tiempo transcurrido desde cuando han sido mencionados como involucrados en conductas delictiva nadie puede imputarles que hayan ejecutado nuevos hechos que signifiquen delitos. Como tampoco se les ha visto en comprometimientos para torcer el curso de la investigación, ni tendrían cómo hacerlo.

Si nuestra Constitución Política es pródiga en las garantías a los sindicados y la privación de la libertad es un remedio extremo, parece exagerada en este caso la facilidad con que se dispensa, y más todavía que la reclusión se haga en La Picota como, con fruición visible, anunció un Magistrado de la Sala Penal, como manifestando el no tan secreto regodeo que experimenta ante el infortunio de aquellos a quienes él mismo ha ordenado recluir en centro penitenciario.

Me preocupa que la Sala Penal de la Corte piense que el número de parlamentarios privados de libertad, con razón o sin ella, es la medida de la eficacia de esa Corporación.

Es visible que la detención se ha convertido en un bochornoso episodio de escarnio para los afectados, sin respeto alguno por sus familias. La aparatosidad de las capturas, el excesivo despliegue de hombres y armas, el empleo de carros blindados, iguala a los desdichados congresistas con los más peligrosos hampones.

Algo está fallando en todo esto. No soy parte en ninguno de estos procesos, no defiendo a ningún implicado, no tengo intereses profesionales ni personales de por medio en estos asuntos, sino que escribo como simple observador a quien comienza a suscitarle dudas la imparcialidad de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General.