Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
mayo 11/2007

¿Y los otros paras?

El fenómeno paramilitar, si alguna vez fue en verdad una pura reacción defensiva contra los embates de la guerrilla y una sombrilla de protección para salvaguardar vidas y bienes ante la impotencia del Estado, se transmutó en una manera de capturar el control del Estado, ora mediante la incursión intimidatoria para compeler a los votantes en un sentido o desviarlos de otro, ora mediante la presión directa a funcionarios para colocarlos bajo su dominio. Esa injerencia electoral y presupuestal fue la que ocasionó la preocupación de algunos sectores desalojados.

Podríamos entonces señalar hoy, sin ambages, que a los más emotivos y persistentes "antiparas" lo que les incita a la denuncia es que sus posiciones políticas han estado bajo la amenaza de quienes con poder irregular tuercen voluntades de gentes sencillas y de gobernantes regionales o encopetados funcionarios de altas agencias nacionales. Se sintetizaría en una simple guerra de poderes, en que el uno -el para- es ilegal a todas luces no obstante que su ejercicio en muchas veces se haga subrepticio, en tanto que el otro -el de los políticos- tiene el amparo de un revestimiento de legalidad.

Ello no empece para que en muchos casos en esta Colombia corroída por la corrupción el ejercicio político sea también una actividad ilegal que se vale de métodos distintos a la motosierra y al desplazamiento físico para envilecer votantes y para intimidar a más de uno, aún en los centros urbanos de las primeras ciudades del país.

Y es que no podemos seguir manteniendo una venda candorosa que impida ver los movimientos deshonestos, denigrantes y envilecedores de las personas que se emplean por parte de algunos funcionarios para conseguir inclinar al electorado en el sentido que les conviene.

Es ingenuo ignorar que la lucha política es en vastas regiones del país una pelea por el manejo de los dineros de la comunidad con fines perversos. En la pelea por alcaldías y gobernaciones el vellocino de oro que justifica la fatiga de muchos aspirantes es el presupuesto y el poder de tráfico de decisiones.

Los partidos y movimientos guardan cómplice y deshonesto silencio sobre ello. Se forman algarabías en torno al Chocó cuando un telenoticiero dirige su capacidad diaria de escándalo a unas muertes de niños por desnutrición. Se precipitan denuncias, se identifican con facilidad responsables de comercializar en provecho propio los bienes destinados a los desnutridos o de apropiarse dineros destinados a la salud, a la educación, a las vías, a la recreación, al mejoramiento urbano y administrativo y en fin a todos los dineros públicos.

Pero es curioso que aquí sí no se diga que el partido del deshonesto funcionario debe responder. Es curioso que entonces no se formulen cargos porque es amigo del Presidente o militante de aquel partido de oposición. Es llamativo que a nadie le interese a qué candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República apoyaron los que en Chocó vendieron la bienestarina o malbarataron los dineros de un pueblo abatido por la pobreza, la falta de salud, de vivienda, de alimentos y de condiciones mínimas para una vida digna.

Esa ceguera deliberada la vemos a lo largo del territorio y resalta ahora en el período preelectoral. ¿Algún partido se ha interesado en examinar si en realidad en Cartagena se está ejecutando un plan para impulsar una candidatura con el presupuesto público como golosina o herramienta para forzar votantes?

Y cualquiera persona perspicaz se pregunta: ¿cómo es delictuoso convocar a algunos ciudadanos en una finca de Sucre y decirles que se cierra la escuela si no votan por tal candidato, y cómo no es delictuoso decirle al ciudadano que no hay contrato o no se le paga la cuenta si no vota por un fulano de tal a cuya causa electoral, además, debe destinar anticipadamente parte del valor del contrato?

Son muy tontos el país y las estridentes ONGs si no advierten que el "paramilitarismo" como fenómeno irregular de captura del Estado se puede ejercer tanto de manera brutal con motosierras e incendios de finca como con finas extorsiones alrededor de un escritorio. ¿Echar de un puesto público a quien no es dócil elector de alguien no es tan igual como echar del pueblo a quien no vota por quien indique un armado ilegal?

¿Qué partido reivindica el saqueo inmisericorde de Bolívar y Cartagena?