Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
marzo 01/2006

El Tratado de Libre Comercio en camino

Conforme a nuestra colombiana usanza, el TLC o tratado de libre comercio con Estados Unidos ya dejó a las gentes colocadas en bandos irreconciliables. El texto definitvo de los acuerdos logrados en las mesas de conversación no se conoce, por lo menos por la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero eso no obsta para que ya cuente con irreductibles partidarios y con fogosos e inalterables opositores. Es nuestra tradición.

Como en todas las cosas, el tratado contendrá previsiones que favorecerán a algunos y previsiones que perjudicarán a otros, pocos o muchos. Como ocurre ahora, cuando no existe tratado. Esa situación tiene contentos a ciertos sectores de la economía, pero, de seguro, no es la mejor para otros. Conseguir una situación en que todos los agentes económicos y todos los ciudadanos ganen es imposible. Como lo es que sea absolutamente favorable para cualquiera de los dos países que lo negociaron.

La larga discusión del tratado ha dado para cosas curiosas como el ensayo de hacer intervenir al poder judicial para obtener una orden que impida al Presidente de la República firmarlo si no atiende determinadas pautas que le señala ese mismo órgano judicial, en este caso un tribunal administrativo.

Lo curioso del asunto estriba en la novedad del empleo de este recurso y, además, la decisión judicial pone en discusión la autoridad que la Constitución Política deposita en el Presidente para dirigir las relaciones internacionales y para celebrar con otros Estados tratados o convenios, lo mismo que la autoridad delegada en el Congreso para aprobar los tratados firmados por el Presidente y también, por último, la autoridad de la Corte Constitucional para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.

En efecto, si se acepta que desde antes de nacer un tratado o convenio una autoridad judicial distinta a la Corte Constitucional puede bloquearlo o imponer al Presidente derroteros determinados, querrá decir que se cercena la libertad del Presidente para convenir los tratados, se anula la potestad del Congreso para aprobarlos o improbarlos, y se impide que la Corte Constitucional ejerza su oficio de estudiar la exequibilidad de los mismos una vez convertidos en leyes.

Ahora bien, no se puede decir que esperar todo ese recorrido es poner en peligro intereses vitales del país o de algunos de sus habitantes, pues aún aprobados por el Congreso, aún siendo leyes de la República, los tratados no pueden entrar en vigor sino después que la Corte Constitucional haya declarado su exequibilidad. En efecto, después de la conclusión y aprobación de todo tratado o convenio sigue la ratificación, y ésta no puede hacerse si previamente la Corte Constitucional no ha encontrado exequible el tratado.

Por modo que haber continuado las discusiones en nada vulnera la autoridad del tribunal que impide al Presidente firmarlo, y si el Presidente desacatara la decisión tomada en la acción popular y llegara a firmarlo, y aún el Congreso a aprobarlo, ningún daño se ocasionaría a nadie, pues el tratado seguiría sin ratificar, esto es, sin adquirir fuerza obligatoria.

Ahora, la realidad de la discusión no debiera ser si el Presidente lo firma o no, pues una regla elemental de seriedad entre naciones induce a que cuando las partes han negociado y han logrado acuerdo deben luego ponerle su firma. Lo demás sería un desplante que dejaría mal parada la seriedad de Colombia ante las demás naciones. El debate que debe abrirse es si el Congreso aprueba o no el tratado, tal como sucederá en los Estados Unidos. Allá también habrá discusión y habrá opositores, eso no lo dudemos.

Y, lo más importante de todo, es que hoy lo imperativo es la divulgación explicada del tratado y sus alcances para que todos los colombianos podamos participar en la controversia con conocimiento de causa y no dirigidos por emocionalismo inducido por la adhesión al Presidente Uribe o a sus contradictores. Ésa debiera ser la primera bandera de la oposición: que el tratado sea puesto en conocimiento de todos. Y cuando tal ocurra, se abrirá la posibilidad de un referendo sobre el mismo; pero propiciar un referendo ahora es invitar a la gente a decidir sobre lo que no conoce, a jugar a la gallina ciega en asunto de mucha monta.