Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
noviembre 24/2006

Democracia irresponsable

La característica de un sistema moderno de gobierno es que quienes ejercen el poder rindan cuentas de sus gestiones. La transparencia es algo más que un autocalificativo de los encargados de la gestión pública: la transparencia existe en realidad cuando los actos de esos encargados de la gestión pública pueden de manera efectiva y directa ser examinados, en todos sus aspectos, por los asociados.

Para un sistema de gobierno que gasta bastante dinero en conseguir que en los medios masivos de comunicación se expresen alabanzas de los funcionarios y se repartan bendiciones para cuanto hacen, no puede resultar costoso ocupar los mismos medios masivos para poner a la ciudadanía frente a la realidad del desenvolvimiento de la administración.

En nuestra tierra las cosas funcionan de distinto modo. La divisa de las administraciones es contratar y en función de ello los gobernantes gastan sus períodos. La satisfacción de los intereses de la comunidad son secundarios. Por eso las vueltas y revueltas para contratar un relleno sanitario pueden ser de imperdonable duración, en tanto que con celeridad impertinente se arranca a construir obras de grave repercusión como el sistema de transporte articulado sin estar preparados para ello.

Como los contratos van de la mano con la corrupción, las administraciones se desenvuelven entre alborotos por las indebidas decisiones y con la tranquilidad que a los gobernantes les produce la casi cierta impunidad por la interesada inercia de los llamados organismos de control y la asegurada indiferencia ante el clamor ciudadano.

Los administradores parecen exentos de responsabilidad y por ello se sienten autorizados para desatender a la comunidad. Sólo los importuna el reclamo traducido a vías de hecho: cierre de calles, tomas de oficinas, quemas de llantas, en fin, la asonada.

De allí que rendir cuentas sea exótico. Grandísimos gastos se realizan sin que la comunidad tenga oportunidad de conocer el detalle de los mismos. Cifras exorbitantes se mencionan, incluso para inversiones que permanecen invisibles, sin que el detalle de las mismas se traslade al contribuyente.

Los juegos centroamericanos, la avenida perimetral, el alcantarillado de Bocagrande, el llamado corredor de carga y el proyecto Transcaribe son ejemplos dicientes de ese actuar contrario a la ética pública y al concepto de democracia. La ciudadanía no ha merecido el homenaje de que se le rindan cuentas en que con rigor se individualicen los bolsillos donde han ido a parar las gruesas sumas gastadas y los conceptos de los pagos.

La comunidad, por ejemplo, ignora los precios que paga el Dadis por los insumos que compra y a quién compra; la comunidad ignora cuántos millones se pagan por servicios prestados en el Distrito y en el Departamento y a quiénes se pagan; cuánto gastan nuestros gobernantes en atenciones, almuerzos y fiestas; cuánto se paga por viajes, a qué lugares y a quiénes, etc.

Es un tipo de democracia irresponsable en que los gobernantes son opacos, casi oscuros, pues el empeño está consagrado en mostrar al contribuyente la menor información posible. ¿Qué dificultad hay en que la contabilidad de todas las entidades públicas y sus gastos pormenorizados sean publicados en páginas en internet? ¿Acaso el costo de este esfuerzo no sería menor que el dinero repartido para conseguir alabanzas para los gobernantes?