Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
noviembre 17/2006

Política y Delito

La orden de privación de libertad impartida por la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas del Departamento de Sucre ha causado un gran revuelo que compasa con la gravedad del asunto.

Es innegable que Sucre, desde su nacimiento, ha sido víctima de una corrupción rampante. Esa corrupción ha sido obra de todos los partidos políticos que se han turnado en el manejo de sus destinos o que lo han compartido. Tolú y Coveñas son notables exponentes de las grandes riquezas que les han propinado las regalías y que han extraviado administraciones torcidas.

Sucre está devorado por la corrupción, pero no es el único sector del país aquejado por el mal. Bolívar, por ejemplo, no se queda atrás. Y similares historias a las sacadas a relucir sobre Sucre se vienen tejiendo en Bolívar y en este departamento se habla en voz alta de quiénes manejan la fábrica de gobernadores y la cantera de los recursos con que los eligen. También aquí, se vive diciendo, que con el uso ilegal de armas, se han logrado votos para gobernadores y alcaldes, senadores y representantes, diputados y concejales; también aquí se han desviado recursos para las fuerzas armadas ilegales y también aquí se han cometido tropelías.

Es ingenuo creer que los límites geográficos hayan determinado que la corrupción y la criminalidad se detuvieran en Sucre y no pasaran a Bolívar, cuando en sana lógica, debido al tejido de colaboración política entre gentes de allá y acá, lo opinable es que los mismos factores hayan, en mayor o menor medida, repetido los mismos procedimientos en ambos territorios y, acaso, en otros.

También es ingenuo mirar ahora el tema como cáncer de unos partidos políticos. La verdad es otra. La corrupción está en todos los grupos políticos, porque la corrupción ha permeado la dirigencia política colombiana y no una ideología en particular. Basta pensar que los hechos que motivan las investigaciones del escándalo actual ocurrieron, o empezaron a ocurrir desde 1997, cuando todos o algunos de los implicados eran fervientes sostenedores del presidente Ernesto Samper y del Partido Liberal, para esas calendas envueltos uno y otro en el escándalo del llamado Proceso 8.000, y luego deambularon formando distintas alianzas políticas, sin que partido alguno los recusara, sin que Fiscal alguno los incomodara.

Triste es la conclusión real: la sociedad colombiana está afectada por un alto grado de corrupción. Si la sindicación habitual es contra los intervinientes como actores de la vida pública, esto es los políticos, no es menos cierto que los agentes privados sobornan, eluden impuestos, pagan coimas y otras cosas más. Cuando el político recibe, un agente privado da.

Allí estriba el factor de desesperanza. Sin indagar ahora cuál fue primero, lo palpable es que hoy en Colombia se ha conformado una clase de particulares que viven del Estado a costa de conseguir contratos no ganados en justo concurso, de influencias para eludir el cumplimiento de normas, la venta de favoritismo producido por las desviaciones del poder y otras muchas malandanzas de nuestro sector público.

La codicia sin límites ha llevado a todo esto y, de no encontrar freno, las cosas empeorarán. Mientras el Estado sea la primera de fuente de enriquecimiento, con garantía de impunidad, pretender parar la corrupción es imposible. Mientras la causa exista, seguirá creciendo el efecto.

El asunto no es tan simple como presentarlo de ejemplo para validar la afirmación de que el uribismo recoge a los peores especímenes de la política. Los corruptos del uribismo de hoy, en su mayor parte, son los mismos que ayer hicieron travesuras en otros partidos y en otros gobiernos. Quien tenga el botín del Estado para repartir será el primer atractivo de los corruptos, aunque bueno es reconocer que el ejercicio de la oposición también es aprovechado con éxito por los corruptos: oponerse al beneficio legítimo de otro, crea título para exigir dividendos inmerecidos si se depone la oposición; obstruir también tiene premios por parte de quienes ganan con la obstrucción.

Tampoco la corrupción se reduce a nexos con el paramilitarismo o la guerrilla para conseguir votos o saquear erarios. Sin paramilitares ni guerrilla, la corrupción ha florecido y nos hemos acostumbrado a que quienes hoy están en el centro del escándalo son los personajes centrales de la política del mañana.

Ojalá en esta vez magistrados y jueces, fiscales y procuradores, investigadores y acusadores, tengan el propósito de implantar la justicia para todos y en todos los casos, y que no volvamos a un episodio de refinada selección para aplicar la ley a unos y dejar en gozosa impunidad a otros.