Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
noviembre 10/2006

Los Esperpentos lo son según el dueño y los intereses en juego.

Me llamó la atención, por lo desagradable, la construcción de una caseta contigua al telón de la muralla comprendido entre la Calle de Baloco y Santa Teresa. También me llamaron la atención, por supuesto que por igual o peor de desagradables, la cantidad de tenderetes o tiendas de Ron Viejo de Caldas, Licorera de Bolívar, los parapetos de Águila y las estructuras metálicas para soportar espectadores.

Pensé que alguno debía declarar su inconformidad. Al abrir el matutino local encontré con alegría que sí había protestas. Allí en primera página se registraba que “ el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en cuya programación se encontraba la caseta, aseguró que sería desmontada durante la noche y trasladada a otro lugar en donde no afee la ciudad ni estorbe al vecindario con su ruido”.

En cambio, de los tenderetes o tiendas de Ron Viejo de Caldas y Licorera de Bolívar, de los parapetos de Águila y de las estructuras metálicas para soportar espectadores –también esperpentos iguales o peores a la caseta- nada se dice y ellos pueden proseguir.

Es la desigual visión y la desigual medida con que la autoridad pública procede a juzgar a los particulares. Desigual visión y desigual medida que determina discriminación contraria a la constitución política pero acorde con el principio que pregona que el gobierno es para los amigos y para los demás es la ley. Entendiendo desde luego que entre los amigos están aquellos que representan mayores intereses. No necesariamente los públicos, sino los que más atraen a los gobernantes o más influyen sobre ellos.

Este tipo de discriminación es corriente en el manejo de la autoridad. El sitio que es parqueadero vedado para un particular sin campanillas se torna aparcamiento reservado y custodiado para los vinculados al rodaje de una película o para quienes asistan a un espectáculo en el Teatro Heredia.

Este estilo de aplicar la ley según los intereses privados comprometidos es otro sistema de violencia ejercida por la autoridad y que con su alejamiento de la justicia alienta la informalidad y el desorden. Es la manera de destruir en lugar de construir ciudadanía.

En los casos que he puesto de ejemplo todos los parapetos aledaños a las murallas han debido ser repudiados al igual que las normas sobre parqueo de vehículos deben aplicarse para todos en todo tiempo. Una justicia igual para todos bajo el imperio de una misma ley es la base de la democracia y del respeto entre ciudadanos. Cuando esta regla se rompe, los ciudadanos encuentran ilegítima la autoridad, con razón, y se sienten impelidos a desligarse del cumplimiento de sus deberes. Es el resultado de la mala autoridad.

Ahora bien, en todo esto subyace la idea de que el gobernante de turno tiene fuero para disponer a su talante de los derechos de la comunidad y, por ende, para autorizar la violación de la ley a ciertas personas y en ciertas circunstancias. El estado de derecho supone lo contrario. Ninguna autoridad está facultada para permitir ruidos excesivos en ninguna parte. Por eso avergüenza que se diga que el espectáculo que habría de realizarse en la caseta ahora prohibida en la zona de murallas se llevará a otro lado, vale decir, donde moren habitantes que no merecen la protección de su descanso, de su tranquilidad y de su sueño por parte de la autoridad, pues el cuento de que se instalará donde no afee ni perturbe vecinos nadie puede creerlo, pues sería llevarse la caseta a sitio desolado y allá no es negocio.

¡Válganos Dios!, si con semejante tipo de autoridad todavía esperamos progreso cultural y moral, que cese la tremenda ola de violencia mortal en Cartagena y que existan buenos ciudadanos.