Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
febrero 08/2006

Arrogancia de poder y menosprecio de los demás

Mientras los gobernantes y la clase dirigente de un país no entiendan y practiquen el respeto a la ley, la democracia y el estado de derecho son teorías en la Constitución, en el papel y en el discurso de los partidos.

En Colombia está asentada la tesis de que los gobernantes, tomando por tales a todos los que tienen autoridad sobre el común de los gentes, por pequeña que sea esa autoridad, están por encima de la ley.

El policía en su moto se sube en andenes, la patrulla de tránsito se mete en contravía, el carro del gobernador o el alcalde estaciona en sitio prohibido, el empleado receptor de documentos exige papeles que la ley prohíbe exigir, los partidos y sus candidatos pueden ensuciar con sus propagandas los edificios públicos y así sucesivamente.

Pareciera que ser gobernante confiere el privilegio de colocarse por encima de la ley y de menospreciar a los gobernados. Éstos no son los mandantes, son los vasallos.

Tan profundo arraigo tiene esta creencia que lo normal es que el funcionario siempre se haga esperar. A los niños se les congrega a pleno sol para un acto en que debe participar el presidente, el ministro, el gobernador o el alcalde, y éstos llegan una o más horas después del momento indicado. Igual que los políticos para sus manifestaciones o reuniones. Lo mismo que los empleados con las horas de atención al público o con las citas que conceden.

Existe un curioso deleite en entrabarle todo a los ciudadanos. El vuelva mañana o sólo se atiende en la tarde son expresiones comunes, casi esperadas en toda aproximación a la administración pública.

Es una cultura de arrogancia de quien detenta poder público y de menosprecio para los demás. Esta cultura se alimenta de la impunidad: si ellos eligen magistrados, procuradores, contralores, personeros, fiscales, etc. a quién temerle si quienes podrían juzgar y sancionar su conducta son, en la práctica, sus subordinados. ¿Alguien ha visto por ejemplo que la grúa intente llevarse un vehículo oficial?

En estos días la propaganda política en lugares no permitidos resalta esta cultura de prepotencia y de abuso. ¿Se atreverá algún secretario de educación o algún rector de colegio a denunciar la pintada de las paredes del edificio del plantel oficial con propaganda de aspirantes a senado y cámara? ¿Habrá fiscal que indague por el daño a esos bienes públicos o procurador que sancione a los indolentes funcionarios que eso permiten o habrá defensor o personero que salga en defensa del bien común y del respeto por los asociados? Ilusorio pretender una respuesta positiva.

Mientras integremos el congreso con personas que menosprecian a los demás y que abusan de los poderes públicos no tendremos verdadera democracia ni la igualdad será real. Y la corrupción de esos elegidos seguirá invadiendo altas cortes, tribunales, organismos de control y, en general, todo el tejido social.