Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
septiembre 13/2006

La impenitente Colombia de los escándalos

El escándalo de la semana anterior: oficiales del ejército colombiano estarían comprometidos en la realización de atentados para atribuirlos a la guerrilla o en montar simulaciones para, en ambos casos, mostrar eficacia y llevar a la sociedad una mayor preocupación sobre la situación de seguridad pública.

El escándalo de ésta: un misterioso personaje aparece con privilegios especiales en la Fiscalía, sembrando discordia, y luego son confusas dentro del mismo organismo sus actividades, su vinculación y sus atribuciones. De psicológico científico pasa a simulador.

Antes de eso hemos oído de la compraventa de borrones a sanciones y de indulgencias entre Notarios y Superintendente, colecta notarial para nutrir las arcas de la campaña del hermano del Superintendente y hoy Presidente de la Cámara; de la compraventa de votos en el Congreso para la elección de miembros del Consejo Electoral; de la vaca formada por transportadores urbanos de Bogotá para asegurar una sentencia a su favor del Consejo de Estado. Y muchas otras cosas que, al lado de las anteriores, parecen minucias, como la de que los altos funcionarios de la Procuraduría tengan recomendados ante el Superintendente de Notariado encontrado en conductas impropias.

Es el pan de cada día en Colombia. Denuncias de situaciones vergonzosas en el manejo de las loterías, en las adjudicaciones del chance, de la recolección de basuras, de rellenos sanitarios, de construcciones de obras públicas, en los contratos de becas, en las afiliaciones al sistema subsidiado de salud, etc.

Sumando a todo ello que en el propio Congreso se dice que allá los votos para posiciones importantes se venden, como se oye decir que ocurre lo propio para la elección de gerentes de las corporaciones ambientales y para elección de contralores departamentales y municipales, para la elección de personeros y así de tantas otras posiciones.

El escándalo llena los noticieros frívolos, se suceden los aburridos y ya hasta ridículos anuncios de investigaciones exhaustivas de los organismos de control, siguen las advertencias de reestructuración de instituciones, aparecen las amenazas de nuevas leyes para remediar la situación, y sobreviene el nuevo escándalo que echa tierra a todo lo anterior.

Lo más grave es que en los escándalos se dicen muchas verdades sobre hechos irregulares que con rapidez se sepultan con las siguientes avalanchas de noticias de episodios antiéticos, y así sigue la vida colombiana.

El mal es estructural. Justicia, ejecutivo, legislativo, fuerzas armadas y de policía, universidades, comisiones de televisión, consejos electorales, contralorías, procuradurías, fiscalías se suceden en esa vía. Nada se salva del turbión de la corrupción. Y es ingenuo esperar que existan oasis de ética en el desierto de la inmoralidad en los asuntos públicos cuando en la sociedad pareciera existir una aceptación callada de la corrupción.

En efecto, ya quienes requieren de trámites ante entidades oficiales tienen la resignada convicción de que sin paga no hay servicio, ya en el común de las gentes existe el acendrado criterio de que a las funciones públicas se llega para enriquecerse, ya para extensos núcleos de la población es verdad probada que el ejercicio de cargos públicos es el medio más tranquilo y rápido para enriquecerse.

Las gentes ven sin asombro que el vecino con mala fortuna económica se convierta en concejal, alcalde, gobernador, tesorero, funcionario ambiental y hasta procurador, fiscal o juez, y luego aparezca en prosperidad. Las gentes se resisten a creer que hoy alguien deje altos cargos del estado o abandone el Congreso sin haber adquirido riquezas.

Esa es la realidad del país que, aunque resulte paradójico, se esconde con los escándalos.

El escándalo en serie inacabable tiene la magia de poner como perversos responsables de toda la podredumbre a los denunciados de turno, pero desvía la vista de los demás.

El epílogo forzado y cierto es que no se ha hecho un esfuerzo serio para frenar las conductas impropias en el desempeño de las funciones del Estado. Ese esfuerzo no es prioridad acuciante de ninguna de las ramas del poder público ni de ninguna de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.