Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
septiembre 6/2006

Lo Previsible

Hace varios meses expresé el temor de que se hubiera hecho tarde para poner en cintura el mototaxismo. Los hechos lo demuestran. El solo anuncio de un decreto nacional que da facultades para regular la actividad ha ocasionado acciones de los mototaxistas que consisten, en esencia, en impedir a los demás indefensos ciudadanos el ejercicio de sus derechos de locomoción con las consecuencias de impedirles trabajar, concurrir a citas con la justicia, a atender su salud, asistir a clases, etc.

Puede apostarse, sin miedo a perder, a que la autoridad cederá e invocará el noble y fundamental derecho al trabajo. Además, dirá que los mototaxistas que han impedido la circulación de los demás han obrado bien y por eso les garantizará impunidad o, como se dice en el lenguaje de hoy, no serán judicializados.

La vida seguirá su curso como si la circulación no se hubiese obstaculizado y como si a nadie se le hubiesen violado sus derechos fundamentales. Para la autoridad será una especie de "huelga santa", de cuya realización tenemos la culpa todos los que no poseemos motocicletas ni las usamos como medio de transporte.

Estas son las situaciones diarias del país y de la ciudad. Mañana los habitantes de una calle deciden que no quieren que por ella circulen buses y las llenan de piedras y queman llantas. Aparece el alcalde de turno y les garantiza que sus deseos serán satisfechos.

Otros grupos de interés no queman llantas ni bloquean calles, acuden al oído del gobernante o a las influencias porque tienen medios para que sus voces, quién sabe qué dirán y con qué las acompañarán, persuadan a quien tiene que tomar la decisión del caso.

La inmensa masa de ciudadanos que carece de esos medios de presión o persuasión sólo cumple la función de someterse a los dictados que resulten de las imposiciones de esos grupos.

Por eso insisto en que en lugar de sociedad civil tenemos una patria en que los intereses de grupo prevalecen sobre el bien común, por la sencilla razón de la mayor fuerza de los intereses de grupo para imponerse. Vivimos en una diaria lucha feral en que los más fuertes imponen su voluntad.

Con el agravante de que esos pequeños grupos se disfrazan de representantes y personeros de la sociedad. De allí que entonces se diga que el problema de los mototaxistas es un problema social que debe resolverse a favor de ellos, pues son unos 250.000 que con las personas que dependen de ellos podrían llegar a ser 3 millones o más. Aceptando que así sea, ¿por qué la autoridad no piensa que el real problema social es la inseguridad que se cierne sobre la integridad de más de 30 millones de habitantes del país, ora como peatones, ora como parrilleros ora como manejadores de otros vehículos? ¿Por qué prima la conveniencia de 3 sobre 30?

Ya veremos cómo el Congreso aprueba una ley como suerte de indulto al mototaxismo, impulsado ciertamente por el lobby de los vendedores de motocicletas y los dueños de decenas de ellas que viven de su diario alquiler, sin pagar seguridad social ni prestaciones al mototaxista, ni mucho menos las contribuciones parafiscales.

Nada debe extrañar. Es la natural ocurrencia en un país desaliñado y desmoralizado. Nada distinto puede esperarse de un Congreso en que algunos de sus miembros venden el voto para elegir servidores públicos. Y no debe sorprender porque algunos de esos congresistas ya eran reconocidos en sus provincias, en consejos y asambleas, como pillos profesionales del erario de las comarcas. ¿Cómo esperar que la llegada al ámbito nacional los purifique en lugar de estimularles el apetito por la venalidad?