Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
agosto 23/2006

¿Sociedad Civil o Guerra de Intereses?

Uno de los mejores analistas de nuestro acontecer colombiano razonaba en alguna oportunidad sobre las influencias que se ejercen en los gobernantes para obtener que las decisiones oficiales se acomoden a sus intereses y concluía, entonces, que lejos de faltar sociedad civil, en Colombia se registraba exceso de sociedad civil en desmedro de la capacidad de gobierno.

Esa opinión seduce. Es tanta la influencia de la sociedad civil, se dirá, que todo gobierno se ve en apuros para imponer sus puntos de vista y le es menester salir a ofrecer halagos a determinados sectores para conseguir respaldos visibles que legitimen sus decisiones. Es tanta, que casi la única estrategia liberadora para quien desee andar por la calle del medio es el populismo.

Sin embargo, examinado con detenimiento el fenómeno no hay tal sociedad civil. Existen grupos de interés que usurpan el sentir de la sociedad civil como universo de los habitantes del país y sofocan su expresión. Esos intereses no siempre coinciden con los de la generalidad de los asociados y, en veces, precisamente por su sello sectorial, son contrapuestos a las conveniencias generales.

Vistas así las cosas, la sociedad civil queda como una masa amorfa y silenciosa que es tomada como bandera para cada grupo poderoso sacar ventajas y obtener tratamientos privilegiados. Masa que tampoco obtiene una expresión legítima y adecuada en el Ministerio Público, pues es patente cómo procuradurías, personerías y defensorías del pueblo son fortines políticos que obran con frecuencia inducidos por oportunismos y personalismos, cuando no por inconfesables razones de perverso origen.

La discusión de la reforma tributaria pone en evidencia las anteriores afirmaciones. Vemos cómo los gremios se arropan en la bandera colombiana e invocan la causa de los necesitados para obtener tratamiento especial. A veces con argumentos bastante risibles como los de los prestadores de servicios públicos que arguyen sensibilidad social cuando realmente lo único que los mueve es el potencial deterioro de su cartera. O cuando encontramos que se pide que no sean sujetos del impuesto de renta agremiaciones cuyos asociados son los más poderoso exponentes de la fortaleza económica en Colombia.

Si aceptamos la exposición de cada gremio o grupo para plantear que su respectiva actividad o lo que concierne a ella no debe ser gravado, o no se le debe incrementar el gravamen, encontraríamos que todos ellos deben ser tratados con benignidad tributaria, en tanto que para el contribuyente anónimo no hay defensor, siendo como es que el contribuyente anónimo es un real y mayoritario integrante de la sociedad.

Los intereses del común quedan expósitos y sólo tienen importancia en la medida en que conjuguen con las conveniencias de algún poderoso segmento económico y, así, de contera salgan triunfantes.

Veremos cómo el examen de la reforma tributaria en el Congreso será, por una parte, un forcejeo del gobierno con poderosos núcleos económicos de particulares o controlados por éstos, y –por la otra- un intenso cabildeo, puro o impuro, de esos mismos grupos económicos ante los congresistas y sus bancadas.

El resultado de la reforma será, en todo caso, un pacto de gobierno y de grandes grupos económicos, con ausencia de pueblo, vale decir, de sociedad civil.

Los partidos políticos hace tiempo dejaron de ser los colectores de las opiniones predominantes en la sociedad y abandonaron el papel de cauces para hacer realidad las aspiraciones de los grandes conglomerados humanos. En los últimos tiempos se han limitado a repetir invocaciones de “lo social”, vacías de contenidos prácticos. No son ellos, voceros autorizados ni oficiosos, de la sociedad civil.

Tenemos en Colombia muchos grupos de interés, demasiado poder de los grupos de interés y pocas instancias para que la verdadera sociedad civil haga valer sus anhelos.