Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
julio 12/2006

La nueva reforma tributaria

Ya es lugar común de la política colombiana que en cada legislatura se propongan temas tributarios, con mayor o menor alcance, y también lo es que se hagan altisonantes pronunciamientos en pro o en contra de la propuesta gubernamental para luego dar a luz un producto negociado que posterga decisiones importantes y deja insatisfechas las necesidades oficiales y, por lo mismo, abierta la puerta para los consiguientes ajustes, vale decir, la siguiente reforma tributaria.

También lo es que se hable, en cada oportunidad, de racionalidad de los tributos, de simplificación del sistema, de novedosos mecanismos contra la evasión y de la búsqueda de mayor equidad en la distribución de las cargas, como imperativos fiscales y éticos de la reforma propuesta. Casi podríamos decir que la exposición de motivos la conocemos los contribuyentes antes de que se escriba por el ministro de turno.

En tal sentido, poca novedad ofrece la última aventura del gobierno Uribe en la materia y que sigue discutiéndose en el seno del gobierno, aún cuando ya la controversia está en la calle, pero sin conocerse una posición oficial definitiva.

De entrada, me parece preocupante que no se involucre en esa reforma la situación tributaria de departamentos, distritos y municipios. Los departamentos han venido procediendo, por olfato, en la búsqueda afanosa de dineros sin medir consecuencias, y para ello han recurrido al mecanismo de las estampillas que con generosidad y precipitud aprueba el Congreso, como si se tratara de regalos regionales. Esas estampillas se extienden más allá de lo indicado por el legislador y se prestan para abusos y desvíos de los gobernantes regionales.

En los municipios y distritos se aprueban gravámenes, a sabiendas de su ilegalidad, confiados en que las gentes no demandarán el tributo y que si lo hacen la justicia administrativa en su cómoda morosidad le garantiza una larga vida al tributo contrario a la ley.

La propuesta del gobierno nacional de gravar el universo de los servicios ha concitado polvareda inmensa, en especial de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se mueven, más que en defensa del contribuyente, en defensa de su cartera que ven amenazada de morosidad por parte de los abonados de escasos recursos. Contrasta este coro con el silencio que ha acompañado, en cambio, al cobro de impuesto a las matrículas en todos los planteles educativos por parte de algunos departamentos como Bolívar. Frente a este impuesto, nadie grita que se grava un derecho elemental como es la educación, ni tampoco que el mismo retrasa el progreso de la región al dificultar la preparación de las gentes.

Tampoco se ha gritado contra el impuesto al servicio de televisión por cable, que también se pretende cobrar en Bolívar, pero cuando se habla de impuesto al papel o cualquier insumo de los medios impresos, allí sí que se levanta protesta grande en nombre de la democracia y de la libertad de expresión que se declaran acalladas. ¿Por qué no pensar lo mismo cuando se grava la televisión, el medio corriente para informarse, educarse y divertirse la gente, aún la más pobre? ¿Acaso la televisión, por cable, no presenta programas formativos, deportivos e informativos en número tal que supera la cobertura que los medios escritos dan a esos mismos temas?

Menos se dice sobre los gravámenes que, sumados al IVA, pretenden imponer los departamentos, como Bolívar, a toda suerte de actividad productiva y a la adquisición de vivienda. ¿Por qué no se dice nada porque los pobres estén pagando costosa estampilla para conseguir la escritura de su pequeña y barata casa o para obtener la cancelación de la hipoteca? Máxime si ello ocurre en una ciudad como Cartagena y un departamento como Bolívar en que los sin techo son inmenso conglomerado, los que viven en precarias condiciones de calidad son muchísimos y apenas los menos tienen vivienda digna.

La reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional arranca con el enorme defecto de no ser integral por contemplar la tributación departamental, distrital y municipal. Ese defecto significa desorden tributario y es fuente de graves y grandes injusticias.