Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
julio 05/2006

Por lo menos ya se oyen voces de descontento

Cartagena es otra vez noticia por la corrupción en el sector oficial. Corrupción consentida, pues poco se conoce de acciones efectivas para detenerla. Menos todavía, de acciones para la sanción de los responsables y para la recuperación del detrimento del patrimonio común.

En educación y en salud tienen lugar las grandes defraudaciones denunciadas. Es decir, el saqueo es contra los recursos destinados a delicadas y fundamentales áreas de la vida ciudadana. La plata perdida es la que se destina a los más pobres y con el saqueo se les golpea en dos aspectos básicos: la supervivencia física y la preparación para ganarse la vida.

Este es otro capítulo de la cadena de inmoralidades en nuestra administración distrital. No importa quién gobernaba cuando ocurrieron los desmanes. Es moda que ello ocurra, desde hace bastante tiempo. Casi podría afirmarse que no hay administración sin indebidas acciones de magnitud contra el presupuesto. No se trata de escándalo. Al contrario, lo lamentable es que haya poco escándalo ante hechos tan hirientes del bien común.

Porque estamos ante una sociedad acomodada con la corrupción administrativa. De ella muchos sacan provechos y por ello demasiadas conciencias se han adormecido. Alzar la voz puede significar la exclusión del grupo que se distribuye beneficios, influencias y gabelas indebidas. Alzar la voz puede significar la exclusión política.

Es más tranquilizante ver sin protestar, y, más seguro, ver y encontrar distractores para minimizar o justificar lo irregular que ocurre. Así anda buena parte de nuestra sociedad, preocupada por salvar sus propios intereses o partijas, no importa qué precio pague el pueblo entero.

Por fortuna, la unanimidad para participar en la corrupción o tolerarla a ciencia y paciencia no es absoluta. Hay quienes se atreven a romper la quietud y gritar. Ya los estamos oyendo los ciudadanos, así no los oigan las autoridades que debieran prestarles atención. Ya los estamos oyendo los ciudadanos, así las autoridades de control sufran de sordera insuperable.

Estas voces de inconformidad con la corrupción administrativa y que claman por la justicia son una alegre comprobación de que todo no está perdido. Que todavía es posible pensar en que Cartagena alcance a ser gobernada por una pléyade de personas competentes y honestas, dispuestas a hacer valer la eficiencia, el mérito y la ética.

Si todas las voces del descontento se unen para gritar y trabajar juntas, una nueva Cartagena puede estar cerca. Tanto como las próximas elecciones para escoger alcalde y concejales.

Una nueva Cartagena que devuelva la esperanza a quienes no pudieron sentarse en un banco escolar porque la plata con que se pagarían sus estudios se la robaron impunemente otros; una nueva Cartagena que devuelva la esperanza de tener una casa a quienes casi pierden su vida en el aciago episodio invernal de noviembre de 2004 y no han obtenido todavía un techo a pesar que algunas personas donaron recursos para ese fin; una nueva Cartagena que devuelva la esperanza a los que viven en los límites mínimos de supervivencia de que para ellos habrá salud; una nueva Cartagena que devuelva a todos los habitantes la esperanza de que su calidad de vida puede alcanzar niveles de dignidad; una nueva Cartagena que a todos devuelva la esperanza de que ya no seguirá siendo el distrito de la improvisación, la chambonada en las obras públicas, la dilación de las soluciones y la alegre ciudadela de la deshonestidad administrativa sin castigo.

Es posible esa nueva Cartagena si ese coro de inconformes crece y, desde ahora, trabaja sin pausa ni desfallecimiento para construir una ciudad ordenada, próspera y digna, regida por autoridades competentes y honestas.