Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
enero 25/2006

Ilegalidad e impunidad

En estos días, como todos los años, los noticieros de televisión y otros medios de información masiva son generosos en la presentación de informaciones sobre abusos cometidos por los colegios, en particular los privados, contra los padres de familia que concurren a matricular sus hijos. Los abusos van desde cobros más allá de lo permitido por los reglamentos oficiales hasta la exigencia de aportar bienes o "inútiles" escolares como los llama un noticiero.

Con las noticias de los abusos contra los usuarios de los servicios educativos compiten en número y frecuencia las declaraciones de los funcionarios gubernamentales, empeñados en decir que el Ministerio de Educación ha tomado decisiones que reprimen esos abusos, que se han promulgado circulares e instructivos que limitan lo que se puede exigir a un estudiante, etc. etc.

¿Cuál es el fin de la habitual controversia de principio año? Que los cobros injustos quedan efectuados y las exigencias abusivas cumplidas; algunos pocos colegios sancionados con sumas pequeñas frente a lo percibido en forma ilegal; y, pasado el disgusto y hecho el gasto, los padres de familia asimilan su descalabro económico y se reservan para las tertulias sociales el exteriorizar su inconformidad.

Es una lamentable constante de nuestro discurrir: una violencia continua del Estado contra los ciudadanos o de éstos entre sí según su nivel de fuerza. Violencia que recibe alimento continuo en la impunidad.

Pues este cuadro es el mismo con la grúa que sin justicia retira un vehículo bien estacionado y cuyo propietario es compelido a pagar un servicio costoso y el parqueadero. Se irrita, grita y paga. Luego no demanda porque se trataría de un trámite de años y más costoso que la lesión que pretende reclamar.

Y lo mismo ocurre con las malas liquidaciones de impuesto predial, con su "cobro coactivo"; con el cobro de impuestos ilegales; con el cobro de impuestos en facturas de servicios públicos; con los procedimientos abusivos de los prestadores de servicios públicos; con el conductor de la buseta que obliga a los pasajeros a hacer trasbordo injustificado o da por terminado el viaje donde le da la gana; con el cine que no mantiene el aire acondicionado en buenas condiciones; con el almacén que dificulta la devolución de los imperfectos obligando al cliente a comprar otro producto, etc. etc.

La gente sabe que para demandar hay que recorrer un largo proceso, incurrir en costos de abogado y esperar un tardío resultado incierto. Comprende que hay que asimilar el abuso y acostumbrarse a ser víctima que sólo puede almacenar y rumiar descontento.

Sin embargo, y esto aumenta el desconsuelo y la frustración entre la gentes, el Estado soporta un costo enorme para pagar un ejército de supuestos guardianes de la ley y los derechos de las personas en Personerías, Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Contralorías y demás ías de escasa eficacia a la hora de proteger a los débiles.

La ilegalidad es un negocio y la impunidad su garantía de éxito. Los abusadores saben de la carencia de mecanismos eficaces para proteger a las personas de esas pequeñas, y a veces no tan pequeñas, lesiones que padecen a diario.