Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
mayo 24/2006

Otro frente necesitado de ley de justicia y paz

Los impuestos, no siempre justos, son siempre un agobio para las gentes de recursos reducidos que constituyen la inmensa mayoría de la sociedad. El Estado para su cobro parte muchas veces de visiones engañosas de la sociedad y abusa, con más o menos conciencia, de la posición dominante para gravar en exceso, hacer difícil el pago y demasiado oneroso reconciliarse con el fisco.

Algo de esto ocurre con el predial en Cartagena. La tasa del impuesto es gravosa y la base mucho más, por cuanto los avalúos con frecuencia se encuentran por encima del valor comercial de los inmuebles. Las épocas para el pago con descuentos son inoportunas y las sanciones muy prontas y graves.

Se parte del errado concepto de que quien posee un inmueble es persona en posibilidad económica de sufragar un alto tributo. En este punto, se castiga el afán de las personas en adquirir una vivienda digna. En una ciudad como Cartagena la propiedad raíz tiene precios que no corresponden con justeza a las retribuciones que brinda la calidad de propietario y muchas gentes se tienen que hacer propietarias por necesidad, pues vivir siempre como arrendatarios sería demasiado gravoso. Pero adquirir una propiedad, con el pago a 15 años y con base en un sueldo modesto, no es un lujo ni un signo de riqueza. Es un esfuerzo inmenso de un trabajador que, al tiempo, contribuye al avance de la ciudad, a su modernización urbana y ayuda a resolver el agudísimo problema de la vivienda. Ser propietario de inmueble no es ser rico.

A ese adquirente, el Distrito le exige que pague en la época en que soporta el peso de las nada insignificantes cargas escolares. Cuando el mismo Distrito no hace cumplir las normas legales ideadas para defender a los padres de familia de los abusos de los colegios, ¿cómo pretender que en enero, febrero o marzo un padre de familia pague catastros cuando tiene el costoso frente de matrículas, uniformes, libros y demás implementos escolares? Los incentivos que se brindan para quien pague en enero y febrero quedan sólo para quienes tienen capacidad de pago que son las empresas grandes y los pocos cartageneros de alguna holgura económica. Para las gentes de medianos recursos, como el profesor universitario, el profesional independiente o el pequeño comerciante, esos incentivos son inalcanzables pues tales personas tienen otros deberes económicos prioritarios que cumplir, cuales son los escolares.

Absurdo que se pretenda que un padre de familia pague el impuesto predial a cambio de retrasar la matrícula escolar de sus hijos o de tenerlos sin uniformes o sin textos. Máxime si en estos menesteres consume cantidades importantes que no gastaría si el Distrito cumpliera la ley de impedir los abusos de los colegios. Pero no, el Distrito que beneficia con impunidad a quienes abusan de los padres de familia, castiga sin piedad a esos padres de familia que quedan exhaustos de recursos para atender las obligaciones tributarias.

La política tributaria de Cartagena es errada. Sólo atiende al beneficio del Distrito. Por eso el pago no es posible en mensualidades cómodas ni existen incentivos justos y equitativos para todo el universo de contribuyentes; porque el Distrito no mira al contribuyente, mira sólo su conveniencia de gozar de abundancia de recursos en los primeros meses del año.

Para colmo, el sistema de cobro del Distrito, manipulado a la medida de los intereses de unos particulares, no sólo no consulta la justicia sino que transgrede la ley. Se pretende desconocer las prescripciones de las obligaciones tributarias para extorsionar al contribuyente obligándole a pagar lo que ya en derecho no debe, se le hace ver al contribuyente que es sujeto de un proceso de cobro para exigirle valores mayores sin que exista ese proceso coactivo y tantas otras maniobras.

Conseguir el contribuyente justicia en sus cuentas con el Distrito suele tener un impuesto adicional: la retribución indebida que la extorsión de los recaudadores o funcionarios venales impone.

El contribuyente del predial en Cartagena también necesita una ley de justicia y paz que empiece por exigir de los recaudadores y funcionarios el cumplimiento de los deberes de confesión de sus culpas, de sus fechorías contra el contribuyente y culmine con una adecuada reparación a las víctimas de esta política fiscal equivocada y de unos sistemas de cobro impregnados de mala fe y de procedimientos extorsivos.