Columna de opinión

Por Héctor Hernández Ayazo
abril 26/2006

TRANSCONFUSIÓN

La utilidad de un sistema de transporte urbano masivo para Cartagena está fuera de duda. Es afirmable sin vacilación que la idea carece de opositores.

Otra cosa es el momento y el modo de hacerse la obra. Sí que abundan los contradictores de lo que se ejecuta. Los hechos les dan la razón.

Lo perverso es que se siga considerando como opositores al proyecto a quienes critican los desaciertos del mismo. La unanimidad en el respaldo al sistema de transporte masivo no tiene por qué significar una adhesión anticipada e incondicional a cuanto se haga.

En el caso concreto de TRANSCARIBE ha resultado que los más enconados contradictores son los agentes inmersos en el proyecto y responsables de su ejecución. Los tozudos hechos han sacado a flote los errores e improvisaciones. De TRANSCARIBE hemos pasado a TRANSCONFUSIÓN.

Ante lo intapable surgen las disputas internas. Cuando habla alguno de los agentes involucrados, el desconcierto ciudadano aumenta. Con toda tranquilidad y como si fueran cosas de poca monta se enuncian las omisiones, los errores y sus cuantiosas consecuencias. Lo único es que nadie asume la responsabilidad de los errores y sus consecuencias.

Llamó la atención la premura en iniciar obras de destrucción de vías en el centro amurallado, lo que aseguraba la mala presentación de la ciudad y la incomodidad vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A renglón seguido se empezó a decir que la marcha lenta y la tardanza serían causadas porque no se había desalojado el espacio ocupado por los vendedores estacionarios. Todavía hoy sigue sin resolverse este problema que, en varias oportunidades, se dijo resuelto. Mientras no se solucione, las obras tendrán tropiezos.

Luego se encontró que el actual Puente de Chambacú es inadecuado para el tránsito que va a recibir. Nada se había previsto sobre el particular. Hacerlo nuevo vale muchos miles de millones de pesos.

Más adelante se encuentra que las murallas y el Fuerte de San Felipe peligran con la obra. Ya en la marcha, se acepta que es indispensable nuevas inversiones para conjurar el daño a los monumentos. Desde luego, con nuevos costos no estimados al inicio.

Sigue el descubrimiento de la necesidad de rellenar una apreciable zona de la bahía y consolidarla para el proyecto. Otros miles de millones se suman a la previsión inicial.

Ahora, aparecen dificultades con el sistema de alcantarillado. También la solución está en cifras de miles de millones de pesos adicionales.

Al más despistado se le ocurre preguntar si ha existido seriedad en el manejo de una obra cuyo costo final estará más allá de doscientos mil millones de pesos, si en el primer tramo de obra y que no es ni el más complejo ni el más extenso, han surgido tan cuantiosas situaciones no contempladas en el proyecto inicial.

No se necesita ser opositor para estar escandalizado. Más todavía si el asunto se maneja como si fuera cuestión de amigables compadres que sólo discuten cuánto más hay que sumarle al gasto.

En este delicado asunto, de mayor cuantía económica, lo primero es que se determinen responsables y que cada responsable asuma las consecuencias. Ese aspecto se echa de menos.

Todo este embrollo contribuye a mermar la desfallecida confianza de las gentes en los administradores públicos. Es bien sabido que existe una generalizada presunción de corrupción en los contratos públicos. La suspicacia crece con la cuantía de las cifras en juego.

Cuando existe un clima de confianza entre los gobernados, las explicaciones de los administradores son suficientes en la medida en que ellas sean sustentadas y signifiquen una asunción clara y definida de responsabilidades. En el caso nuestro ese clima de confianza en los gobernados no existe. Las gentes observan la confusión, la ausencia de quienes asuman las consecuencias de sus actos y que los costos se inflan. Todo ello engendra mayor desconfianza o, peor, convicción de que el bien público ocupa un lugar secundario en el manejo de este proyecto.