Da gusto ver la preocupación de la Policía Nacional y de los agentes de tránsito para que nadie incomode los vehículos usados como apoyo logístico para el rodaje de una película en Cartagena, por estos días. Se le reservan zonas de parqueo, se les permite parquear en zonas habitualmente vedadas para esos menesteres, y se les depara una celosa vigilancia.

Las bocas de la muralla en la parte contigua a La Serrezuela sufren frecuentes golpes de camiones con furgones que pasan o intentan pasar por allí a pesar de que la altura y ancho de las bocas dificulten el paso. A la vista están los daños que esos equipos causan. Sin embargo, los esfuerzos para evitar estos daños no son visibles, a pesar de que identificar a los causantes no ofrece mayor dificultad.

Los abusos en las calles del centro amurallado de Cartagena se dan a diario y no son nuevos. No son consecuencia del fallo del Consejo de Estado que ordenó abrirlas a la circulación pública. Son resultado de la falta de autoridad y del abuso por parte de algunos funcionarios. Para comprobarlo basta mirar el frente de la Gobernación y de la Procuraduría. Gobernador y procuradores, Alcalde de Cartagena y Director del Datt, se ríen del artículo 78 de la Ley 769 de 2002 que a la letra dice: "Las entidades públicas o privadas y los propietarios de los locales comerciales NO PODRÁN HACER USO DEL ESPACIO PÚBLICO FRENTE A SUS ESTABLECIMIENTOS, PARA EL ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE SUS VEHÍCULOS O EL DE SUS CLIENTES."

Ya parece próxima la terminación de la primera etapa de los trabajos de Transcaribe. Por lo menos, es esperable que al final del año las dos principales vías que cruzan el centro de la ciudad estén disponibles para la circulación normal de vehículos y se alivien en forma notable los trancones de cada día.