Un peso de Acuacar vale más que un peso del usuario

marzo 29/2006

Si usted es deudor de Acuacar tiene que pagar intereses. Si a usted le debe Acuacar, ella no se siente obligada a pagar intereses.

Es la ley de la desigualdad, la conocida desde vieja data como ley del embudo.

Con frecuencia los consumidores se encuentran con que han pagado dos veces. En algunas no por error del usuario sino por negligencia de Acuacar. Ni siquiera esos casos en que hay error de Acuacar el usuario se salva de ser esquilmado.

Así, se encuentra que algunos usuarios se acogen al sistema de débito automático cuyo manejo y responsabilidad son exclusivos de Acaucar. Ella es la que tiene que presentar la factura ante la entidad bancaria y ordenar el débito de la cuenta; el usuario sólo tiene que mantener el dinero suficiente para cubrir la factura.

Si ocurre que Acuacar no presenta la factura, a pesar de que al usuario se le haya informado otra cosa, o sea a pesar de que al usuario se le haya inducido a error, con toda desfachatez se le envían luego cartas con amenazas de corte del servicio. El usuario verifica en su cuenta que no se ha realizado el débito y paga, incluso en las mismas oficinas de Acuacar, para salvarse de quedarse sin agua, pero acto seguido la empresa presentó la factura y le cobraron dos veces o, mejor, le obligaron a pagar dos veces la misma cuenta.

Si hasta allí el asunto es indecente con el usuario, lo más perverso es que se le retiene el dinero pagado en exceso para una compensación futura, sin que a ese cliente se le reconozcan los intereses durante ese tiempo a la misma tasa con que la inclemente empresa sanciona al moroso.

Lo más desconcertante es que Acuacar es una empresa de economía mixta, cuya propiedad corresponde en una mitad al Distrito de Cartagena y su junta está presidida por el Alcalde Mayor de Cartagena. Los abusos no son producto de la privatización, pues son consentidos por el Distrito de Cartagena que también recibe provecho de la exacción contra los usuarios.

Es la violencia de la autoridad contra los usuarios. Y luego a esa autoridad hay que tolerarle que gaste cuantiosos recursos en propagandas sobre su supuesto desvelo por el bienestar ciudadano.

Como coletilla, cabría preguntar ¿dónde anda el Personero, dónde el Defensor del Pueblo y dónde el Procurador cuando este abuso puede ser acontecimiento de diaria repetición?